• El gobierno ya se tomó por costumbre el desvío de los fondos del Presupuesto 2005 para adecuarlo a sus necesidades. • Esta vez, elecciones mediante, el destino será obras viales. • El impacto de los cambios este año será de $ 350 millones. • Pero se comprometen obras hasta 2007 por $ 2.300 millones en tema atractivo en épocas de campaña como reparar rutas. • Se extrajeron ahora de partidas destinadas a urbanización y viviendas, y se volvió a afectar fondos de centrales nucleares. • También financiarán en provincias obras con tasa al gasoil. • Tendrá más poder Vialidad. Decidirá pagos a contratistas. • Todo es posible por la «emergencia económica» que instaló Duhalde y que aprovecha Kirchner junto con los superpoderes.
El gobierno desvió fondos del Presupuesto nacional 2005 a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para financiar un amplísimo plan de obras viales que comprenden tanto responsabilidad de la Nación, como de las provincias y hasta accesos a la Capital Federal. El Decreto 1069/2005 que se conoció ayer a través del Boletín Oficial establece fondos para el aumento de la capacidad en corredores viales, programas de seguridad en esos corredores y centenares de obras dependientes de vialidad nacional, por montos que superan los $ 300 millones para 2005, pero que llegan en total para los próximos años a superar los $ 2.300 millones. Para financiar todo ese programa vial es que se apeló a un DNU que le resta fondos al Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda, nuevamente a la empresa Nucleoeléctrica Argentina -$ 34 millones que pierde la encargada de Atucha I, Embalse y la construcción de Atucha II-, y se deriva financiamiento de fondos fiduciarios por casi $ 280 millones, especialmente el encargado de financiar obras viales con la tasa especial que se aplica sobre el gasoil. En este caso, se le otorga al Fiduciario de Infraestructura Vial, que también depende del ministerio que lidera Julio De Vido, el financiamiento para hacerse cargo de las obras, se concede la facultad a la Dirección de Vialidad de librar las órdenes para el pago de las obras a los concesionarios y al Banco Nación, administrador del fiduciario, a realizar los pagos.
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En el plan de obras se incorporó, junto al programa vial en provincias -integran los anunciosque día a día hace el Presidente-, parte de la financiación para el segundo tramo de la restauración de la Basílica de Luján por $ 500.000.
El gobierno debió apelar en este caso a un decreto de necesidad y urgencia para modificar el Presupuesto nacional 2005, en lugar de una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, como ha ocurrido en general con el resto de las partidas del Presupuesto que han sido reasignadas, en uso de los superpoderes que el Congreso le otorgó en el ya famoso artículo 11.
Esta excepción se debió a una razón esencial: el gobierno está incorporando al fondo fiduciario vial -que recibe la recaudación de la tasa especial sobre el gasoil- a obras viales que no corresponden a las concesiones nacionales por peaje, las únicas que podían beneficiarse con los fondos provenientesde esa tasa. Una decisiónde esa envergadura debe tomarse por DNU, habida cuenta que esas obras viales derivan de contratos de estados provinciales e incluso obras complementarias a los accesos a la Capital Federal, dentro de un plan que alcanza a todo el país, sin mencionar que se está aumentando el monto total comprometido, lo que requiere también una medida especial del Presidente.
• Destino
Esa tasa del gasoil, que financia al Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial, se creó para aplicar a las concesiones viales de las rutas y específicamente para subsidiar peajes, algo que ahora el gobierno abandonó reemplazándolo por hacerse cargo de las obras.
En los considerandos del decreto se explica que «el gobierno nacional tiene como objetivo concretar una importante cantidad de obras públicas, en el convencimiento del indudable efecto multiplicador que su realización tiene para la economía del país» y «entre las mencionadas obras se encuentran las que deberán llevarse a cabo, a cargo del Estado nacional, en la Red Vial Nacional Concesionada».
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