El equipo económico se mantiene a la expectativa ante la posible oleada de presentaciones judiciales por parte de bonistas que intentarán frenar el canje una vez que el proceso se inicie, de acuerdo con lo anunciado el 29 de noviembre. El tema ocupa un buen espacio en las conversaciones que mantienen con el buffet de abogados que asesora al país desde Nueva York, Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton.
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Hasta ahora, el resultado ha sido favorable para el gobierno, pero nada asegura que una vez iniciado, el proceso no termine demorándose ante pedidos de bonistas. En general, los estudios de abogados que trabajan con los bonistas están recomendando a sus clientes que esperen para iniciar la demanda a que el gobierno lance la oferta.
Una de las ventajas por estas horas es que el estudio Cleary ya manejó con éxito distintas acciones judiciales que tuvo que enfrentar contra la Argentina en Nueva York. Además, también tuvo que enfrentar varias acciones en contra que sufrió la provincia de Mendoza en su proceso de reestructuración.
Mientras tanto, la Argentina sigue soportando ( aunque con cuentagotas) nuevas presentaciones legales de bonistas que se oponen al canje y quieren cobrar 100% de lo invertido. Anteayer, en el mercado era vox pópuli una demanda que presentó en NuevaYork el fondo de inversión Stark Investments LP, con sede en Wisconsin.
• Día clave
Stark es un fondo que de entrada se alistó entre los inversores que pidieron a la Argentina un diálogo de «buena fe» para negociar de qué forma se avanzará en la reestructuración. De hecho, integra el Argentine Bondholders Committee (ABC), uno de los socios fundadores del Comité Global de Acreedores (GCAB, según las siglas en inglés), la principal organización que reúne a inversores extranjeros.
Un día clave para las demandas presentadas por los bonistas será el próximo martes, cuando el juez neoyorquino Thomas Griesa deba definir si frena o no la reestructuración, tal como lo solicitó un grupo de ahorristas argentinos que tienen bonos Global. El abogado Guillermo Gleizer está al frente de esta presentación.
El gobierno argentino realizó una presentación ante Griesa en la que pide que no se frene el canje y aclaró, además, que no utilizará en la operación la «cláusula de consentimiento de salida» o «exit consent» que poseen los bonos. Esta cláusula permite modificar las cláusulas de emisión de los títulos, siempre y cuando se consiga una masa crítica de bonistas.
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