El oficialismo espera que el Gobierno envíe en las próximas horas -o días- el proyecto para expropiar Vicentin con el fin de debatirlo en trámite rápido y sin problemas en el Senado, gracias a una mayoría absoluta cómoda -no así los dos tercios que necesitan otras iniciativas-, y dejar liberado el camino para la batalla real que tendrá el texto en Diputados, donde el oficialismo deberá “negociar” con máximo rigor para “convencer” a aliados circunstanciales.
Vicentin: trámite en el Senado y batalla real en Diputados
Se espera que el Gobierno envíe en las próximas horas el proyecto para expropiar la empresa con el fin de debatirlo en forma rápida.
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“La intervención no es más que un momento previo a la expropiación, por lo que no vemos que haya que esperar tanto. El proyecto ingresará por Senado y sólo resta trabajarlo en Diputados para que avance”, aseguraron ayer a Ámbito desde el entorno de Cristina de Kirchner, que delegó en la mendocina Anabel Fernández Sagasti -vicejefa del bloque en la Cámara alta y pieza clave de La Cámpora- la representación legislativa en la conferencia presidencial de anteayer.
En la Cámara baja, el Frente de Todos -tiene 119 legisladores y necesita 129 para el quorum y asegurar una votación sin problemas- debe convencer al interbloque “casi amigo” que comanda el mendocino José Luis Ramón -Unidad Federal para el Desarrollo- y al “Federal” que maneja el lavagnismo residual a través de Eduardo Bucca. También direccionará la lupa negociadora hacia los dos votos que puede captar de la izquierda.
Los tres diputados del lavagnismo más “puro”, es decir, Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini se alejaron un poco de la propuesta oficial al manifestar que no existen “fundamentos para que las acciones realizadas por el gobierno nacional constituyan una razón de gobierno que ‘procure el bien común’”, y agregaron: “Esto de ninguna manera implica o significa avalar lo actuado por el grupo empresarial, que está siendo investigado por la Justicia, además de tener su empresa en concurso preventivo”.
Para los lavagnistas, “el concurso preventivo establecido en la Ley 24.522 resguarda como ley de orden público las acreencias de todos”. Por otra parte, consideraron que “el Estado cuenta con los instrumentos para elaborar una alternativa con la participación de cooperativas, pequeños y medianos productores y los propios trabajadores que cuentan con créditos en el concurso”, y dejaron claro que “resulta alarmante exponer a las exhaustas arcas del Estado a eventuales demandas judiciales, como vemos que ha sucedido en situaciones similares a las acciones ejecutadas”. Es decir, se sumaron a lo vertido por Roberto Lavagna en redes sociales.
En medio de fuertes críticas desde el macrismo -ya se activó denuncia en la Justicia por intervención de Vicentin-, el oficialismo en Diputados también apunta a los cuatro peronistas disidentes que responden al gobernador Juan Schiaretti y a los dos legisladores socialistas. La suerte quedará en manos del jefe del Frente de Todos en la Cámara baja, Máximo Kirchner, y del presidente del cuerpo, Sergio Massa.



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