El juez mendocino Raúl Héctor Acosta puso un nuevo palo en la rueda de la venta de Disco a Cencosud: en un fallo ampliatorio de uno anterior (en el mismo sentido) «congeló» la operación hasta tanto el Ministerio de Economía constituya los Tribunales de Defensa de la Competencia (TDC), organismos que dependerían de la Secretaría de Coordinación de la cartera económica.
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La situación parece tan complicada como para ameritar el viaje de una numerosa delegación de ejecutivos de Royal Ahold N.V., que se desplazaron desde Holanda a Buenos Aires justamente para tratar de destrabar la venta de su controlada argentina al grupo que encabeza Horst Paul-mann. La decisión de Acosta lleva fecha del 30 de julio pasado, y en sus fundamentos el magistrado acusa al Poder Ejecutivo de «conducta contumaz» por no cumplir con su obligación de constituir esos tribunales.
«La puesta en marcha del TDC posibilitaría que quienes deseen hacer inversiones en el país lo hagan dentro de un marco de legalidad y seguridad jurídica, y garantizaría los derechos de esos inversores y a la vez la protección de consumidores, productores y usuarios», argumenta Acosta. Y agrega con inusual dureza: «El PEN no dio señal alguna de cumplimiento de lo que aparecería como sospechosa omisión en el cumplimiento de lo que la ley manda y que resulta la génesis misma del PEN en el sistema republicano: ha retardado u omitido el cumplimiento de la ejecución de la conformación del tribunal de modo arbitrario, infundado e inexplicable». En función de estos argumentos, el juez ordena entonces que «el PEN, a través de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía, se abstenga de realizar cualquier acto administrativo respecto de la concentración económica» (sic). Esa suspensión estará vigente «hasta tanto comience a funcionar el Tribunal de Defensa de la Competencia».
La complicación judicial se suma a otras dificultades que han impedido hasta la fecha la concreción de la venta de Disco a Cencosud; como es público, hay juicios de ahorristas del ex Banco Velox en Uruguay que reclaman la entrega de las acciones de la cadena de supermercados que eran de la familia Peirano (entonces dueña tanto del banco como de la mitad de Disco), a los que hizo lugar un juez argentino; también hay un reclamo de la AFIP por el no pago del Impuesto a las Ganancias en función de la emisión de obligaciones negociables. Por eso y por otras cuestiones internas, el proceso de «due dilligence» se demoró más allá de lo previsto inicialmente. Cencosud va acompañada en esta operación por el fondo Capital Partners, por el grupo financiero AIG y por la CFI (el brazo para inversiones privadas del Banco Mundial).
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