Dolarización: gestiona Lavagna que la Corte dicte fallo en febrero

Este fin de año, el gobierno está atormentado casi exclusivamente por un problema: la posibilidad de que la Corte emita un fallo despesificando la economía el próximo 30. Juan José Alvarez, ministro de Justicia; y Roberto Lavagna, de Economía, están realizando gestiones delante de tres jueces de la Corte para postergar esa fecha. Hablan con Antonio Boggiano, Julio Nazareno y Augusto Belluscio, y han avanzado bastante en su pretensión: los magistrados aceptarían derivar su pronunciamiento al mes de febrero, cuando termine la feria estival de la Justicia. Tienen varios argumentos para eso: desde algunos procesales hasta la conveniencia de que Juan Carlos Maqueda -que se incorporaría al tribunal-estudie el caso. En cambio, las gestiones oficiales frente a los bancos para que se hagan cargo de 50% del voto para compensar a los ahorristas por la brecha cambiaria han tenido menos éxito. Mario Vicens, de ABA; y Carlos Heller, de Abappra, le hicieron saber al gobierno, al cabo de un par de conversaciones informales, que los bancos no están en condiciones de solventar ese suplemento. Muy tímidamente, se abrió otro debate con el sector financiero: que ellos emitan un certificado a cambio de que el Estado respalde ese papel con el bono que prevé destinar a los ahorristas.

A medida que pasan los días, la perspectiva de que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo sobre la pesificación el 30 de diciembre se vuelve más borrosa. Igual que la posibilidad de que los bancos se hagan cargo de 50% del bono para compensar a los ahorristas por la diferencia entre la pesificación y el valor del dólar al día del vencimiento de ese papel. Ambas cuestiones formaron parte de las gestiones discretas que se realizaron durante el feriado navideño entre jueces y banqueros.

Delante de la Corte, los principales «lobbystas» del gabinete son Juan José Alvarez, el ministro de Justicia, y Roberto Lavagna, el de Economía. Sus interlocutores habituales son Antonio Boggiano, Augusto Belluscio y, con menor frecuencia, el titular del tribunal, Julio Nazareno.

• Señal

En sus gestiones ya consiguieron una señal alentadora: que la Corte derive a febrero Roberto Lavagna Juan José Alvárez la decisión, que seguiría siendo discutida hasta ese mes, pasada la feria. La garantía de esa postergación no era anoche absoluta en Olivos pero se confiaba en que un par de argumentos permitiría a los jueces mover la fecha del 30. El principal lo proveyó Guillermo López, para quien deberían contemplarse algunos plazos procesales, como dar vista a las partes, imposibles de ser cubiertos antes de esa fecha. La incorporación de Juan Carlos Maqueda sería otro argumento en favor de que la redolarización se trate en febrero. Anoche, era incierto que el presidente provisional del Senado consiga su acuerdo hoy en el cuerpo que encabeza pero el pase de un poder a otro sería cuestión de días, con la seguridad de que, no bien llegue al cuarto piso del Palacio de Tribunales, pedirá el caso para estudiarlo.

• Inquietud

Hay también movimientos que inquietan a los jueces y paralizan las decisiones. Es el caso del pedido de juicio político contra Adolfo Vázquez y Carlos Fayt, que los radicales alentarían para habilitar una banca más que les permita seguir teniendo presencia en la cúpula judicial. Sería la condición de la UCR para brindar los 2/3 que promuevan a Maqueda, cuyo pliego se aprobaría mañana.

Mientras dialoga con la Justicia para que postergue su decisión, Lavagna trata de evitar que el Estado se haga cargo de la compensación a los ahorristas por la brecha cambiaria. Si bien su posición oficial es que no debería lanzarse un bono compulsivo, en Economía comenzó a analizarse la posibilidad de que este título fuera solventado en 50% por los bancos. Un banquero cercano a Olivos le explicó al propio Eduardo Duhalde la posibilidad de este esquema. Adujo que el costo sería menor, ya que la evolución del CER -que corre por cuenta de los bancos- sería superior a la del dólar.

Pero las entidades que representan a los bancos no coincidieron con ese argumento que había atraído al Presidente. Tanto Mario Vicens (ABA) como Carlos Heller (ABAPRA) le hicieron saber al gobierno que cualquier bono que se emita para suplementar los $ 1,40 + CER y alcanzar el valor comercial del dólar debe correr por cuenta del Estado. Esto refuerza el argumento de Lavagna frente a la Corte: el Estado no tiene capacidad de endeudamiento.

• Tema pendiente

Sin embargo, entre bancos y gobierno, si se aceptara la emisión del bono, queda un tema pendiente de discusión, que todavía no apareció públicamente. En Economía hay quienes ven con simpatía la idea de que a los ahorristas se les ofrezcan certificados bancarios, que los bancos respaldarían con un bono oficial. A los bancos no les convence esa salida, que los expone a un riesgo adicional ya que los compromete todavía más en su posición de títulos públicos. Salvo que se acepte el negocio adicional de cambiar el nuevo bono por los viejos, opción frente a la que el gobierno se cierra absolutamente.