"El costo político de un embargo es muy alto"

Fernanda Vallejos, de la Comisión de Militancia de la agrupación de economistas La Gran Makro.

La economista de la agrupación La Gran Makro, Fernanda Vallejos, alertó por el "alto costo político" que implicaría para los Estados Unidos el embargo de los fondos depositados por el Gobierno nacional para pagar deuda a los bonistas que ingresaron al canje en 2005 y 2010.

"La decisión (de pagar) del Gobierno nacional lo que hace es ratificar fehacientemente la voluntad de pago y del cumplimiento de compromisos asumidos", sostuvo Vallejos en diálogo con ámbito.com. "De ahora en más, la responsabilidad política está del otro lado, en manos de la Justicia de los Estados Unidos", agregó.

"No se debe seguir en contra de lo expresado por la comunidad internacional, que ha mostrado preocupación por los efectos sistémicos" que tiene el avance de los fondos buitre en el Poder Judicial estadounidense. afirmó. "La preocupación ahora se traslada al Gobierno de los Estados Unidos por el rol de la Justicia", remarcó la analista, quien este jueves participó de un debate sobre deuda externa y soberanía económica en la Universidad Nacional de La Plata.

Tras el pago de casi u$s 1.000 millones que anunció el ministro de Economía, Axel Kicillof, el juez neoyorquino Thomas Griesa rechazó la medida cautelar -bautizada stay en inglés- que había solicitado la Argentina para suspender el fallo que la obliga a pagarles a los "fondos buitre".

Con esa decisión, el magistrado se opuso a suspender transitoriamente la ejecución de la sentencia que exige al Estado argentino pagarle el 100% de la deuda (unos 1.330 millones de dólares) a los holdouts que ya cuentan con sentencias favorables. Por lo que queda abierta una posibilidad de que los buitres exijan embargos.

Sin embargo, la asesora del Palacio de Hacienda evaluó que "el costo político de avanzar en un embargo de los fondos depositados, que no son de la Argentina, sino de los bonistas es muy alto" y advirtió que "es una discusión que continuará".

Al ser consultad a sobre la posibilidad de una resolución o extensión del conflicto con los bonistas que no aceptaron la reestructuración, Vallejos dejó dudas sobre el rol de la autoridades nacionales. "Se me pone la piel de gallina de pensar si este tema lo tuviera que manejar otro Gobierno, en otra época de la historia del país. Argentina quiere justicia y que se le permita honrar sus deudas y compromisos", subrayó.

La resolución de Griesa, presuntamente escrita antes de que se confirmara que la Argentina depositó el pago a los acreedores que aceptaron el canje, indica que la "pretensión (de suspensión del fallo) no es apropiada". Por ese motivo, los abogados que defienden al país presentaron este jueves otro pedido para reponer el stay.