El Gobierno busca facilitar la concentración de mercados

Propone elevar el umbral a partir del cual las empresas deben informar al Ejecutivo cuando van a comprar una competidora. Lavigne lo fijó en $50.600 millones, pero se quiere incrementar aún más.

El Gobierno busca simplificar las fusiones y adquisiciones de empresas.

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Coherente con las propuestas del presidente Javier Milei, quien defiende la idea de que la concentración de los mercados es mejor para la economía, el proyecto de ley ómnibus contiene modificaciones a la ley de Defensa de la Competencia que, de alguna manera, favorecen a que una empresa pueda comprar a su competidora en una actividad.

Según se publicó en el Boletín Oficial de este miércoles, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, elevó el umbral a partir del cual las compañías tienen que informarle al Gobierno que va a iniciar una operación de concentración de mercado. Lo fijó en $50.610 millones, lo que equivale a unos u$s60 millones al valor oficial. Pero el oficialismo quiere llevarlo más arriba.

Eso corresponde a la ley que establece lo que se denomina “unidad de valor”, equivalente a 20 pesos de 2018, que se fue ajustando una vez por año en función de la inflación. La norma dice que hay que informar operaciones equivalentes a 100 millones de unidades valor. Ese importe contempla el volumen de negocios involucrado en una concentración.

En el kilométrico proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo hace unos días al Congreso, se propone elevar el umbral a unos $85.000 millones, lo que equivaldría a unos u$s100 millones. Es decir, sube el margen un 66% respecto del vigente. La Unidad de Valor que está en $506 pasaría a $850.

La norma define como actos de concentración económica a la fusión entre empresas:

• La transferencia de fondos de comercio;
• La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital,
• y cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia, entre otros.

Uno de los elementos más importantes de los cambios propuestos es que el Tribunal de Defensa de la Competencia de cinco miembros será designado por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado. Pero mientras se demora la aprobación de los pliegos, el Poder Ejecutivo puede designar en comisión. Simplifica el método anterior, que obligaba a un concurso público de antecedentes y oposición. En más de 25 años que Argentina tiene ley de Defensa de la Competencia, nunca pudo designar un tribunal.

Las autoridades se pueden asesorar a su vez por un máximo de 15 especialistas. Se reducen los trámites de aprobación. En el caso de que las autoridades den el visto bueno a una concentración económica, luego este proceso no se podrá impugnar o frenar en sede administrativa.

En su participación en Davos, Milei defendió la concentración económica: ”Regular monopolios, destruirle las ganancias, y destrozar los rendimientos crecientes automáticamente destruiría el crecimiento económico”, dijo.

Al respecto, Humberto Guardia, ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, comentó a Ámbito que la teoría que expuso el Presidente “dice que los monopolios en el mediano o largo plazo van creando su propia competencia”. “La teoría austríaca (que sigue Milei) plantea que el monopolio viene a hacer algo que antes no se hacía”, explicó. No obstante indicó que los países europeos y Estados Unidos “todos tienen organismos anti trust fuertes” y citando a Maynard Keynes dijo “en el largo plazo estamos todos muertos”.

Si todo se mantiene y no hay cambios de último momento en el recinto, cuando se termine de tratar la nueva ley ómnibus, irán las modificaciones a Defensa de la Competencia, que se traducen en una simplificación y facilidad para tramitar los permisos y agilizar las fusiones y adquisiciones de empresas.