El gobierno rechazó exigencia de Siemens

El gobierno rechazó ayer la exigencia de la empresa alemana Siemens de solicitar una indemnización de 500 millones de dólares por la rescisión del contrato para la confección de los DNI en el país.

Si bien desde el gobierno evitaron opinar sobre la probable demanda que presentará la empresa, fuentes oficiales señalaron que «aún no se conocen los términos de la demanda, ni el monto ni de qué se trata», ya que únicamente se conoció del tema «por los medios de comunicación».

• Pretensión

Ayer se supo que el grupo alemán pretende cobrarle al gobierno una indemnización de 500 millones de dólares por la cancelación del contrato que fue firmado en 1998.

Justamente, la posición del gobierno es que éste es un tema heredado, por lo que la postura oficial es que una demanda de este tipo «no la pague el pueblo argentino».

«Vamos a esperar para ver de qué se trata, porque a 24 horas de conocida la decisión no podemos opinar. Hay una comisión que encabeza la Procuración del Tesoro de la Nación que está analizando el expediente Siemens», se limitó a deslizar la fuente.

La demanda de Siemens fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (Ciadi), que depende del Banco Mundial. Este organismo estudia el caso desde mediados del año pasado por pedido de la empresa alemana, pero el gobierno argentino rechaza esa mediación porque argumenta que el caso debe resolverse en los tribunales del país.

«Este tema no se va a resolver hoy, va a llevar mucho tiempo», aseguró la fuente, que de esta manera argumentó la cautela que mantienen desde el gobierno.

Por otra parte, el ex ministro de Justicia de Menem Rodolfo Barra -quien fue asesor jurídico y participó en la etapa final de la licitación-criticó la rescisión del contrato y señaló que la decisión «la tendrán que pagar todos los argentinos».

• Peor precio

En declaraciones periodísticas, Barra sostuvo que ahora el Estado argentino tendrá que pagar «el peor precio de todos», porque se trata de un valor «que no es cercano al contrato que se puso en marcha» y «por una prestación con la que no se cuenta».