El "plan jaula"

Las disposiciones informadas el sábado 1 de diciembre infringen los derechos de propiedad en dos aspectos sustanciales: no se puede retirar efectivo del sistema financiero, en exceso de $ 1.000 por mes, ni se pueden hacer giros al exterior sin permiso del Banco Central. El efecto es doble: a partir del lunes existirá un cambio paralelo, distinto de 1 a 1, para los dólares y el efectivo. Por primera vez, el efectivo valdrá más que el dinero bancario. A pesar de las solemnes y reiteradas promesas, el Poder Ejecutivo ha suspendido la vigencia de la Ley de Convertibilidad. El 1 a 1 ya no regirá para todas las operaciones, ni en dólares ni en pesos. Todo el dinero bancario ha sido devaluado frente al efectivo y a los dólares en cuentas del exterior.

Una vez adoptado el camino de las restricciones y los controles, éstos tienden a difundirse. Cuando las autoridades decidieron suspender los pagos de depósitos también debían restringir las salidas de fondos al exterior. Pero limitar los pagos en efectivo y las salidas de capitales es una barrera al ingreso de fondos a nuestros bancos y economía. Por otra parte, estas restricciones alzarán el costo de muchas transacciones comerciales. Los pequeños comercios y las operaciones de menor cuantía individual soportarán fuertes encarecimientos. Los más pobres de nuestra sociedad sufrirán más severamente la falta de efectivo. Los servicios bancarios de nuestro país serán devaluados. Las cuentas en el exterior vuelven a probar ser más confiables, porque no están sujetas al arbitrio de nuestros gobernantes. Todos comprobamos cuál es nuestra principal desventura: nuestra forma de gobierno.

• Destrucción

Este año nuestras autoridades optaron por las «políticas activas» y se embarcaron en un curso de destrucción de la propiedad sin paralelo, en épocas de paz y en democracia. Un bono del Estado nacional valía $ 90, en febrero, y ahora vale $ 40; las empresas, los campos, y las casas propias se han devaluado en más de 50%. Hasta el empleo está depreciado. Ninguna nación, repito, ha presenciado una expropiación tan monumental como la sufrida por los habitantes de la Argentina en paz, en democracia y en silencio. Indefensos, sin justicia ni legisladores que nos protejan, nuestros patrimonios se han esfumado y nos han empobrecido.

Ninguno de nuestros poderosos funcionarios recuerda que la finalidad del Estado es proteger la propiedad.

• Intercambios

La riqueza de las naciones se basa en la fortaleza de la propiedad y en la confianza que despiertan sus instituciones. En un trabajo que estoy efectuando, sobre las causas de la pobreza, encuentro que es la profundidad de la confianza la que permite generar la prosperidad de los pueblos. Cuanto menor riesgo moral, mayor variedad y calidad de los intercambios. Nuestros políticos eligen lo contrario: restringir los negocios e incumplir las leyes y las promesas solemnes. La mayor desventaja competitiva de las naciones en subdesarrollo es que han quebrado sus promesas demasiadas veces. Sin crédito, y nuestras autoridades lo han disminuido al mínimo correspondiente a las cotizaciones del riesgo-país, la producción y el empleo se paralizan y la propiedad y el ingreso se desploman. En pocos meses minaron la convertibilidad, la reconocida solvencia financiera del sistema bancario, y el crédito externo.

El Congreso y la Corte Suprema deben intervenir porque el Poder Ejecutivo no tiene facultades para derogar la Ley de Convertibilidad ni decretar suspensiones de la convertibilidad de los depósitos en efectivo. Desde marzo de este año vengo advirtiendo la gravedad y las consecuencias de la política adoptada. Un programa de saneamiento fiscal y financiero tendiente a retornar a la vulnerada convertibilidad, o a adoptar la dolarización completa propuesta en mi libro «Dolarizar», en el menor plazo, se impone urgente.

De lo contrario, los desbordes de 1989 estarán de vuelta. Todavía podemos volver por la senda de la recuperación y el crecimiento. El mundo espera que nos organicemos para ello.