El riesgo estatal en el salvataje a Coto

Economía

El fideicomiso para salvar a supermercados Coto de su comprometida situación frente a los acreedores sigue llamando la atención por algunos aspectos inquietantes de la operación, en la que ya prometieron participar el Banco Nación, el Ciudad y el BICE. Tantos, que si Néstor Kirchner le advirtió al dueño del supermercado «a vos te conozco de los 90» (en privado el mandatario confesaba su sospecha de vínculos económicos entre Alfredo Coto y Carlos Menem), este comerciante se garantizará que algún otro presidente lo amenace diciendo «te conozco de 2007».

Este diario accedió a un ejemplar del proyecto de «Contrato de Fideicomiso de Administración y Financiero 'Coto CICSA'», que organiza y promueve el Banco Nación a través del presidente de Nación Fideicomiso, el jujeño Néstor Ulloa (quien cobró notoriedad a raíz de la investigación judicial por el caso Skanska, que sigue el juez penal económico Javier López Biscayart). Para analizar ese documento, Ambito Financiero consultó a dos estudios jurídicos de primera línea, especializados en este tipo de operaciones comerciales. Lo que sigue es un resumen de los comentarios que esos expertos realizaron, con pedido de reserva de identidad, sobre ese contrato:

  • El fideicomiso pretende conseguir $ 200 millones para salvar una deuda ya reestructurada. Para eso se propone la integración de los siguientes bienes:

    1) Derechos de cobro de las tarjetas de crédito American Express y Nativa (en los anexos del contrato se especifica que Amex significó una facturación mensual promedio de $ 10.127.618 entre junio y diciembre de 2006, mientras que Nativa significó otra de $ 38.916 en el mismo período).

    2) Inmuebles por valor de $ 182 millones. Coto los alquilaría por un monto mensual de 1,5% de su valor o los vendería de modo escalonado para incrementar el flujo de fondos.

    3) Los fondos de una cuentafiduciaria en pesos (no devengará intereses) en la que se depositarán el alquiler de los inmuebles, los cupones de las tarjetas de crédito y lo obtenido por los Valores Representativos de Deuda que se emitan hasta $ 200 millones.

    A pesar del énfasis que pone Ulloa para acelerar la suscripción del contrato, los expertos señalan algunas zonas bastante brumosas en el articulado. Imprecisiones, por decir lo menos:

  • En principio, no estaría determinado el cronograma de ventas de los edificios que se propone para reforzar el flujo de fondos del fideicomiso. Además se le permite a Coto suspender la venta de un inmueble si acredita que tendrá fondos para hacer frente a los intereses de los seis meses siguientes; sin embargo, no se dice cómo lo acreditará. No habría formas demasiado claras de evitar que sea el mismo Coto quien compre, por sí o por terceros, los edificios que, se supone, vendería.

  • Los inmuebles que Coto debería vender por no cumplir con sus compromisos están sometidos también a un procedimiento lleno de baches. No hay plazo para la intimación del pago, por ejemplo. Tampoco se dice nada respecto del tipo de ejecución de esos bienes.   

  • ¿Qué sucedería si Coto dejara de operar con Nativa o American Express? Los abogados consultados no encontraron una respuesta clara para esta pregunta y, por lo tanto, abren un interrogante sobre ese tramo de la composición del fideicomiso. Si hubiera un incumplimiento respecto de ese ingreso tampoco está establecido qué sanción correspondería.

  • No se dice nada en el contrato sobre la actualización del precio de los inmuebles a alquilarse por lo que es imposible ponderar el flujo de fondos que provendrá de esas operaciones.

  • Hay otro aspecto importante del contrato que genera dudas en los expertos: ¿qué sucedería si Coto ingresa en un concurso preventivo o en quiebra? Al parecer, existen numerosos casos en los cuales los fiduciantes pasaron a integrar el conjunto de acreedores sin un derecho especial de cobro. Si bien está previsto en el contrato de Coto que, ante convocatoria o quiebra, los inmuebles se venderían, nada obliga al juez a que destine el resultado de esas ventas a la masa de acreedores sin prelación para los tenedores de los VDR emitidos.

  • La inquietud final de los expertos es financiera: Coto habría perdido $ 131 millones en 2004 y $ 58 millones en 2005. Por lo cual se impone el interrogante acerca de si los bienes inmuebles y el flujo de ventas futuro alcanzan para cubrir el riesgo de quienes presten los fondos al salvataje.
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