Eléctricas cuestionan plan para renegociar contratos

Las empresas eléctricas reaccionaron ayer con reservas luego del primer encuentro con el gobierno para renegociar los contratos de concesión. Las posiciones de las compañías oscilaron entre el hermetismo total, la sensación de que la propuesta oficial no es clara y no se sabe en qué puede derivar, y, en el punto más extremo, la impresión de que el gobierno desconoce los contratos y «avasalla el derecho de propiedad».

La reunión estuvo encabezada por el secretario y el subsecretario de Energía Eléctrica, Daniel Cameron y Bautista Marcheschi, respectivamente; y el titular de la unidad renegociadora de contratos, Gustavo Simeonoff. Participaron las eléctricas con contrato que dependen del Estado nacional: las distribuidoras Edenor, Edesur, Edelap, y las transportistas Transener, Transnoa, Transpa y Distrocuyo.

El encuentro fue muy breve y formal, ya que duró menos de media hora. Simeonoff hizo una alocución sobre las pautas de la renegociación que son iguales a las que recibieron las empresas de gas la semana pasada, y, por lo tanto, eran ya conocidas por las eléctricas. Luego se resolvió que hoy mismo empezarán las reuniones individuales con las transportistas y mañana con las distribuidoras.

Las compañías de gas expresaron, tras el primer encuentro, una expectativa favorable por haber reanudado las tratativas para la renegociación, pero las eléctricas se mostraron muy duras, aunque pidieron mantener la reserva de las fuentes. Las compañías de luz vienen de una polémica pública con el gobierno sobre presuntos cortes de luz en el verano, y, en apariencia, por lo menos por ahora, entrarán en la renegociación con una posición de máxima.

• Objeciones

Una de las objeciones es la secuencia plan-teada por el gobierno para la renegociación integral del contrato. Entre el 12 de julio y el 5 de setiembre deberían formalizarse los acuerdos entre las partes, pero a partir de ahí el preconvenio transita por una serie de pasos que incluyen la consulta pública, la intervención de la SIGEN, del procurador del Tesoro y del Congreso.

Según una de las eléctricas participantes, «estaríamos firmando un documento que luego puede sufrir cambios, mien-tras la única fortaleza de las empresas es la presentación ante el CIADI (tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial)». De acuerdo con esta fuente, «cualquier firma que haga una compañía implica un reconocimiento de la renegociación y limita las posibilidades en el CIADI».

«Por otra parte -continuó el mismo vocero-, el cronograma indica que la adecuación del marco normativo terminará el 28 de diciembre, con lo cual la empresa estaría firmando un acuerdo de renegociación, mucho antes de conocer bajo qué normas regulatorias deberá actuar y qué penalizaciones podría recibir en caso de incumplimiento.»

En otra compañía se indicó que el acuerdo parcial que plantea el cronograma debería estar terminado el 17 de mayo, para ser sometido a audiencia pública entre esa fecha y el 30 de junio. De este modo, el primer aumento de tarifas, que según el criterio empresarial surgiría del acuerdo parcial, se estaría aplicando recién a partir del 1 de julio, si se cumplieran estrictamente los plazos. Pero a su vez, un par de meses después se haría la audiencia pública por la renegociación integral, con lo cual las compa-ñías «terminarán condicionadas (por los debates) y habrá fuertes forcejeos con el gobierno».

En otra eléctrica afirmaron que «van a sentarse con el gobierno con el contrato bajo el brazo, para pedir que se cumpla la Ley de Emergencia en cuanto prevé reparar el daño producido por la misma norma al pesificar y congelar las tarifas».

Desde esta óptica, «el Estado tiene potestad para modificar los contratos de derecho público, pero no puede avasallar los derechos de propiedad». Esta posición sale al cruce de la postura oficial según la cual el Estado no reconocerá a las privatizadas una deuda por no haber compensado los aumentos de costos que tuvieron desde la devaluación con ajuste de tarifas.