El gobierno enviará a partir de agosto a 300 fiscalizadores provenientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y del Ministerio de Trabajo, a controlar a 54.000 establecimientos para relevar 540.000 puestos de trabajo. Cuando se detecten empleados irregulares, se le dará un plazo de 30 días a las empresas para blanquear la situación. Si se regulariza la situación laboral en este lapso, el empleador sólo pagará los últimos tres meses de aportes y no se le pedirá la deuda previsional anterior.
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La meta que se autoimpusieron los agentes de las dos reparticiones, es que antes del próximo 30 de noviembre se detecte 30% de empleados «en negro». Esto sería, más de 162.000 trabajadores, que tanto el ministerio de Patricia Bull-rich como el organismo recaudador que dirige Héctor Rodríguez, sospechan que podrían estar en situación laboral irregular y sin realizar los aportes al Sistema de la Seguridad Social. Como meta ideal, desde la cartera laboral se pretende que en lo que resta del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), reciba más de 7 millones de pesos anuales en nuevos aportes previsionales fruto de estas inspecciones. Lógicamente este incremento sería una carta de presentación ideal para el nuevo interventor y, de alguna manera, un justificativo al reemplazo del anterior titular de la ANSeS, Rodolfo Campero. La embestida de Trabajo y la AFIP, a la que se deben sumar las provincias por tener el poder de Policía Laboral, contra el empleo en negro se presentará hoy con el lanzamiento del «Plan Federal Contra el Empleo No Registrado», en un discurso que dará Bullrich en la sede del ministerio.
La idea es que a partir de un listado de empresas que prepararon entre el organismo recaudador y la cartera laboral, cada uno con datos propios, se comiencen a realizar inspecciones a empresas medianas y grandes que de alguna manera estén sospechadas de tener trabajadores no regis-trados.
Inspecciones
El mecanismo que se implementará es realizar inspecciones conjuntas entre los agentes de Impositiva y de Trabajo, junto con delegados provinciales, que fiscalizarán 54.000 establecimientos de todo el país para saber si sus empleados están registrados y, en el caso de que lo estén, si efectivamente realizan los aportes mensuales correspondientes. Cuando se detecten trabajadores en negro, luego de cruzar la información de las empresas con las declaraciones dentro de la AFIP y el Sistema Unico de Seguridad Social, el gobierno hará una propuesta. Esta consistirá en la posibilidad de blanquear la situación pagando sólo tres meses de aportes previsionales y de alguna manera, olvidando lo anterior. Si no lo hace, será la AFIP la que comience los trámites para sancionar a la empresa por evasión previsional.
Dentro del Ministerio de Trabajo se aseguraba que unas de las primeras en ser fiscalizadas serían las empresas productoras de bienes de capital y las metalúrgicas, el primer sector beneficiado con los planes de competitividad que lanzó el gobierno hace menos de tres meses.
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