Demora en ley complica a la industria del software

Economía

Las compañías del sector tenían planificado para este año contar con incentivos fiscales a través de una nueva legislación sobre Economía del Conocimiento. Dicen que se trata de unos u$s250.000 anuales para una pyme de 100 empleados.

Las empresas del sector del software están urgidas para que el Congreso termine de sancionar la nueva Ley de Economía del Conocimiento y así volver a contar con los beneficios de la promoción que disponía la legislación anterior de 2014. Esto es una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias y la posibilidad de imputar como bono fiscal aportes a la seguridad social de sus empleados.

La demora afecta a unas 5.000 empresas, en su mayoría pymes, cuyo principal costo es el de la mano de obra, la cual a su vez es de alta calidad y de buenas remuneraciones.

Cuando en diciembre del año pasado los legisladores sancionaron la Ley de Solidaridad Social y Emergencia Productiva, por efecto colateral, anularon el incentivo correspondiente a los costos laborales de este sector. Así, el Gobierno tuvo que suspender la entrada en vigencia y enviar un proyecto de modificación que le volviera a dar sentido. El trámite se hizo en enero, pero cuando se iba a terminar de aprobar, irrumpió el coronavirus.

En números concretos, para una firma de 100 empleados, los beneficios fiscales anuales se estiman en unos u$s250.000, según señaló el presidente de la Cámara Argentina del Software y Servicios Informáticos (CESSI), Sergio Candelo.

Básicamente, se trata de un sector de mano de obra intensiva y de alta calidad y por eso es muy sensible a los cambios en los costos laborales. En 2019 el software registró ventas por unos u$s3.200 millones, de los cuales u$s1.800 millones fueron exportaciones, con unos 120.000 puestos de trabajo. Las empresas entraron a la cuarentena sin beneficios promocionales, lo que generó a su vez un problema financiero. Por un lado se incrementaron los costos laborales y por otro disminuyó su cobranza. Además, aún siendo generadoras de empleo de alta calidad, no pudieron acceder al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para conseguir que el Estado les pague la mitad del salario de sus planteles porque ninguna cumplió el requisito de haber perdido 30% de su facturación real de un año a otro.

“El problema es el corte de la cadena de pagos”, destacó Candelo a Ámbito. El titular de la entidad precisó que en las actividades cuyos clientes fueron más afectados por la cuarentena, fue menor el nivel de cobranzas. Un relevamiento de la entidad indica que el 61,8% de las pymes fue afectada entre un 70% y 100% por las nuevas condiciones que impuso la pandemia; el 14,5%, entre el 40% y 69%; el 11,2%, entre el 14% y el 39%; y el 12,4% entre el 12,% y 14%.

En Diputados, la nueva ley ya tiene acuerdo de comisión y solo hace falta que se trate en la nueva modalidad virtual. En el Senado, es necesario que se modifique la agenda para permitir tratar proyectos que no estén vinculados directamente a la crisis del coronavirus. Una vez que se apruebe, para las empresas de software se podrá aplicar con retroactividad a enero. Los beneficios suspendidos consisten en una reducción del 60% del Impuesto a las Ganancias y la posibilidad de tomar una parte de los pagos de la Seguridad Social a cuenta de otros impuestos.

Por otro lado, está la situación de nuevas empresas de economía del conocimiento, como servicios de consultoría o producción audiovisual, que esperan también contar con la promoción, y se quedaron a la espera. Según indicaron fuentes del mercado,algunas de estas podrían decidir emigrar hacia Uruguay, en caso de que Argentina no avance con la normativa.

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