En Aguas Argentinas se van (un papelón) o pasan a semiprivada (algo aceptable)

El gobierno y la empresa Aguas Argentinas comenzarán hoy una delicada negociación al cabo de la cual, a más tardar dentro de 15 días, se conocerá el régimen de prestación de los servicios de aguas y cloacas en buena parte del área metropolitana del país. No será, seguramente, el mismo de ahora. Ayer, el grupo francés Suez, que ejerce el control mayoritario de la empresa, admitió por primera vez que el Estado capitalice las inversiones que haga en el sector. Sería llevar el modelo actual de gestión al de una empresa mixta. Claro, este grupo internacional, el que más prestaciones realiza en el mundo, pretende que esa integración cumpla con algunos requisitos. Por ejemplo, que a través de la asociación se afronten también en conjunto las deudas contraídas para invertir en la Argentina. Se trata de u$s 650 millones, cuyos acreedores son, además de la banca privada internacional, el BID y el Banco Mundial, que participa de la propiedad con 5% de las acciones.

La propuesta que realizó la empresa no fue bien recibida ayer por el gobierno. A tal punto que Néstor Kirchner ordenó a Carlos Zanini redactar un decreto de necesidad y urgencia en el que establece la rescisión del contrato de concesión. Es obvio: se trata de una posición negociadora extrema. Pero en la empresa no descartan de plano abandonar la Argentina. Es el otro desenlace que puede tener este juego de presiones en el límite.

Un esfuerzo principal del gobierno será bajar al máximo el perfil de esta crisis para que no contamine por completo la imagen de la visita de José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del gobierno español que llega hoy a Buenos Aires para pasar aquí 24 horas. Nada peor para un viaje como el del premier socialista que quedar asociado al anuncio de desinversiones. Es lo contrario de lo que se pretende, como se demostró en la reciente gira por París, dominado por este problema.

Además, el caso de Aguas Argentinas podría ser visto como el primero de una serie cuyo desenlace sea la modificación a todo el régimen de privatizaciones en la Argentina. Esto comprometería tanto al capital español, que la sola posibilidad amenaza con un impacto como el que produjo el colapso de 2001/2002 en las Bolsas de Madrid y de Barcelona.

Aunque no se llegue a tanto, la guerra de presiones y versiones en torno a la concesión de Aguas afecta de manera directa a España, y por eso anoche el gobierno buscaba alguna forma para aislarla de la llegada de Zapatero. Si bien la controlante de la concesionaria local es la francesa Suez, Aguas de Barcelona tiene 25% de participación en el capital de la empresa. A la vez, Suez tiene una participación importante en Aguas de Barcelona. Igual que la Caixa catalana. En otras palabras: abrir un conflicto con un accionista es hoy declarar el combate en contra de varios. Kirchner lo debe haber notado ayer, cuando Antoni Brufau, el presidente de Repsol YPF, se interesó por el caso de Aguas. Claro, como hombre de la Caixa él formó parte del directorio de Aguas de Barcelona y conoció de cerca el movimiento del negocio en la Argentina.

¿Qué discuten el Estado y la compañía? Suez fijó una posición y es que no hará más inversiones en la Argentina hasta que no se recompongan sus ingresos. Acusan los empresarios que éstos fueron erosionados no sólo por la pesificación, sino también por la inflación. Se lo dijeron claro a Julio De Vido en Francia: no pagaremos ni las multas. Es un modelo conocido en muchos prestadores de servicios públicos. Esperan que haya tarifas generosas para luego decidir las inversiones, como se expuso en este diario en la edición de ayer. En este aspecto, existe un amplio margen de razonabilidad en el planteo de los funcionarios de Infraestructura.

Ante las restricciones planteadas por el concesionario, el gobierno pretende garantizar las inversiones necesarias para que no haya un colapso en el servicio de aguas y cloacas del conurbano en pleno año electoral. Como confesó Roberto Lavagna en París, el gobierno estaría dispuesto a elevar la tarifa en 16% y a aportar $ 150 millones en inversiones para que se desarrollen los servicios necesarios con bajos ingresos para la empresa. Pero ese aporte del fisco no se realizaría como subsidio a Aguas Argentinas, sino como capitalización. Aquí es donde los franceses pretenden que el Estado, si quiere asociarse con la empresa, se haga cargo también de su abultado pasivo.

En esta instancia, el conflicto se vuelve ríspido y tanto el gobierno como la empresa comienzan a evaluar los costos de la rescisión del contrato. A pesar de que la prensa no lo dejó trascender, Kirchner y Jacques Chirac hablaron muy específicamente de la retirada de Suez de la Argentina. La metáfora de «quitemos esa piedra del zapato» fue entendida por los funcionarios argentinos de manera muy optimista. Como si Chirac hubiera dicho: «Lo de Suez es un detalle». Pero los franceses lo interpretan de manera distinta. Primero, advierten que muy pocas veces un presidente de Francia habla de negocios durante una entrevista. Al revés de lo que suele ocurrir con los presidentes de los Estados Unidos, por ejemplo. Chirac mencionó el caso porque le concede máxima gravedad. Y lo que dijo fue, en la versión de quienes lo conocen bien, que «sólo si se resuelve el caso Suez podremos seguir invirtiendo en la Argentina». ¿Esa resolución podría ser la salida de la empresa? Para el gobierno de Chirac es la peor alternativa. Sin ir al detalle de que uno de los principales asesores del presidente de Francia es un ex ejecutivo de Suez.

El caso de Aguas, contra lo que puede suponerse a primera vista, tiene un alcance internacional. Como lo tuvo en su origen, con la concesión del servicio. En efecto, la idea de «privatizar el agua» fue revolucionaria en su momento. Para el gobierno actual, escandalosa. En la concepción de Kirchner y de muchos de sus colaboradores, el servicio de prestación de aguas y cloacas debería estar bajo un férreo control del Estado por su carácter crítico y por la necesidad de grandes inversiones en países en vías de desarrollo, como la Argentina.

Anoche, Felipe Solá fue vocero de esta postura, además de acusar a Suez de conspirar contra el país boicoteando un crédito del Banco Mundial. Hasta algunos técnicos de Suez lo admiten al aclarar: «La comparación con el contrato que se aplica en Francia no es válida porque allá todo el mundo tiene agua y cloacas».

La rescisión del contrato sería igualmente novedosa. Sobre todo porque abriría un conflicto más ante el CIADI, donde los concesionarios ya litigan por u$s 1.000 millones. Si se calcula que el lucro cesante alegado será calculado por los 22 años que faltan para que se cumpla la concesión, la suma de la demanda podría llegar a u$s 3.000 millones. Kirchner evalúa este daño de manera muy tenue. Como le confesó al entonces procurador del Tesoro Horacio Rosatti cuando empezaron los pleitos, «no pagaremos un peso». Pero hay algo que tal vez el Presidente no advierte en toda su gravedad. Ese incumplimiento supone violentar tratados de protección de inversión. Y cuando se transgreden esos acuerdos, los países que se ven defraudados suelen votar en contra del transgresor, de manera sistemática, en todos los foros internacionales. Incluidos el Banco Mundial y el BID, que, como se dijo, también se verían directamente afectados con la rescisión. Aun así, esta anoche se veía muy probable en las inmediaciones del Presidente.