El gobernador bonaerense, Felipe Solá, y su ministro de Economía, Gerardo Otero, volvieron a respaldar ayer las medidas impulsadas en la provincia para luchar contra la evasión, argumentando que la campaña promueve imponer la sensación «de miedo» y «de riesgo» entre los morosos.
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En este marco, el gobierno anunció ayer que se aplicará un cálculo «exprés» para el pago de Ingresos Brutos en los comercios, a partir de los números que obtengan los inspectores al controlar «in situ» el nivel de emisión de tickets de las cajas registradoras.
La medida fue incluida en un proyecto de ley que la cartera económica enviará en los próximos días a la Legislatura para su aprobación. Actualmente, los inspectores de Rentas controlan durante un día o dos las ventas que se concretan en los comercios pero ese dato no se puede utilizar para exigir que los titulares paguen el impuesto según el volumen de ventas detectado respecto a lo declarado ante el fisco.
Respecto de la fuerte oposición que generó el plan antievasión ya anunciado -sobre todo, la pretensión de allanar cajas de seguridad-, Solá dijo ayer que no puede soportar «que 35 mil personas, entre las más ricas de la provincia de Buenos Aires, que tienen deudas por un mínimo de $ 10 mil, con más de 300 mil propiedades, 28 mil autos, 177 cruceros, crean que pagar impuestos es la última prioridad».
Por ello, Solá insistió en que «los vamos a llamar por celular, los vamos a seguir, los vamos a marcar, a poner obleas en los autos, para que se sepa quién es quien». La amenaza aludió al pedido que el gobierno formuló a cinco empresas de telefonía celular para que precisen si los morosos poseen líneas a su nombre así como la entrega de los respectivos números, de manera de poder dejar mensajes de advertencia en los aparatos.
El ministro Otero, por su parte, precisó que «decidimos llevar adelante una campaña de que la percepción de riesgo de no pagarle a la provincia sea cada vez más alta». «Nadie paga los impuestos con gusto ni por propia voluntad en ningún lugar del mundo. El Estado tiene que ejercer un poder coercitivo para hacerlo, y eso hicimos», dijo.
En tanto, el subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, empleó términos menos académicos; aseguró que la campaña busca que «los contribuyentes (morosos) se den cuenta que se terminó la joda, y empiecen a pagar».
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