Extinción

El empleo en blanco, en algunas provincias, parece en extinción. La afirmación es de IDESA, una fundación cuyos economistas han llegado a la conclusión de que la actual política salarial, con aumentos por decreto incluidos, destruye el trabajo formal. Por ejemplo, en Formosa apenas 7,4% de los empleados está en blanco. La entidad coincide con la propuesta de Ricardo López Murphy, que el viernes adelantó este diario, de que los primeros $ 500 del salario no deberían tener cargas ni aportes. El problema en las provincias del Norte del país es que no pueden pagar los salarios que el gobierno fijó por decreto y entonces emplean a la gente «en negro». El trabajo en blanco en esas provincias parece restringido al cada vez más abundante empleo público.

«La política laboral del gobierno apela con intensidad a instrumentos que son cada vez menos utilizados en el mundo moderno», señaló el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), que advierte que hay provincias donde el empleo en blanco está en extinción.

En su informe semanal, la entidad dice estas decisiones «tienen pocas chances de ser eficaces» y que la consecuencia es que «cada vez más gente, especialmente en las regiones más postergadas, es marginada a trabajar 'en negro' o en algunas de las variantes de 'empleo en gris'».

«Una de las vías a través de las cuales se manifiestan las grandes heterogeneidades que cobija el sistema productivo argentino es en las profundas diferencias en los mercados de trabajo de cada provincia», agrega.

Citando datos de la AFIP sobre trabajadores en blanco del sector privado, señala:

• El salario promedio para todo el país declarado por las empresas es de $ 1.288.

• En la Ciudad de Buenos Aires, el salario promedio llega a $ 1.618, es decir, 25% por encima del promedio.

• En el otro extremo, en Santiago del Estero es de $ 863 y en Formosa es de $ 878. Es decir, un nivel que apenas supera la mitad del salario registrado en Buenos Aires.

«Estos datos alcanzan para observar la poca consistencia de fijar salarios por la vía legal o convencional sobre la base de la realidad de Buenos Aires cuando existen profundas diferencias de productividad con el resto del país», opina Idesa.

La consultora observa que «el nuevo salario mínimo legal que este mes alcanzará a $ 730 representa 45% del salario formal de la Ciudad de Buenos Aires, valor similar al observado en el mundo desarrollado. Pero supera 80% en las provincias más pobres del interior de la Argentina, nivel muy difícil de encontrar en otra parte del mundo».

«Estos datos avalan la hipótesis de que el valor del salario mínimo y las escalas de los convenios colectivos de trabajo pueden ser apropiados para las empresas más grandes y modernas de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, resultan inaplicables para la mayor parte del interior del país.»

• Contrastes

Para Idesa se beneficia a los trabajadores mejor posicionados, pero a costa de profundizar la marginación de los trabajadores de las provincias más pobres. Como ejemplo, cita a la Ciudad de Buenos Aires, donde 35,6% de quienes trabajan lo hace como trabajador «en blanco» en empresas privadas. Las empresas formales, en cambio, apenas generan 14,3% de los empleos en Santiago del Estero; y en Formosa, 7,4%.

«Ya hay provincias en las que el empleo asalariado privado registrado está en vías de extinción, quedando como únicas vías de inserción laboral el sector público o diferentes variantes de empleos de mala calidad», advierte.

«El simple acto de aumentar el salario vía normas legales o convenios colectivos centralizados no va a solucionar el problema de los bajos salarios. Muy por el contrario, lo más probable es que el resultado final sea acentuar la fragmentación, en la cual los sectores más postergados -especialmente trabajadores de pequeñas empresas del interior de país- seguirán perdiendo frente a las dinámicas de los sectores más modernos concentrados en la Capital», agrega.

La entidad propone que haya un costo fiscal moderado para fijar un mínimo no imponible de $ 500 para la determinación de las imposiciones sobre los salarios, una propuesta similar a la que hace Ricardo López Murphy.

«Esto implicaría dejar de cobrarles (en rigor, pretender cobrarles, ya que en la práctica son muy pocos los que lo pagan) impuestos a puestos de trabajo que, por ser productivamente débiles, no están en condiciones de afrontar la elevada presión impositiva vigente.