Fallará la Corte ahora por deudas fuera de bancos
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Ricardo Lorenzetti
Se trata de casos que tienen relación con dinero enviado a bancos por orden de jueces, relativos, por ejemplo, a menores huérfanos o incapaces cuya tutela está a cargo de defensores oficiales que presentaron recursos de amparo.
Desde 2004, el máximo tribunal tiene en sus manos un dictamen del procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien se mostró favorable a dar respaldo a la ley 25.798, creadora del fondo fiduciario administrado por el Banco Nación.
La Corte estima que unos 8.500 deudores adhirieron a este fondo y comenzaron a pagar sus cuotas, pero en muchos casos la Justicia civil hizo lugar a demandas de acreedores, declaró inconstitucional la ley y envió a remate las viviendas únicas de ocupación permanente.
Desde que recibió el dictamen de Righi, la Corte frenó en muchos casos los remates, pero todavía no emitió un fallo sobre la cuestión de fondo y los deudores entregaron una carta a cada uno de los siete ministros reclamando que se respete la vigencia de la ley de refinanciamiento de los créditos, resistida por los acreedores, en muchos casos particulares que invertían a través de escribanías que prestaban el dinero.
Muchos de los acreedores lo reclamaron al valor dólar del mercado y otros aceptaron la teoría del «esfuerzo compartido», aplicada por muchos jueces.
En noviembre último, el Congreso sancionó una ley que estableció un nuevo sistema para saldar demandas hipotecarias, estableciendo que los morosos deben pagar $ 1,83 por cada dólar adeudado, por lo que sobre la constitucionalidad de esta norma también debiera opinar el máximo tribunal, según estimó el propio ministro Lorenzetti el año pasado.
El 27 de diciembre último la Corte emitió un fallo de fondo que puso fin al conflicto por la pesificación de los depósitos bancarios en dólares.




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