La Justicia en primera instancia ordenó a las empresas Telefónica y Telecom que se abstengan de cerrar oficinas comerciales en el territorio nacional y que garanticen la atención al público en forma personal en ellas.
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La jueza Susana Córdoba, interviniente en la causa, dispuso, además, que las telefónicas extiendan constancias de recepción de los trámites o reclamos que efectúen los usuarios y que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) «provea las medidas que resulten necesarias tendientes al cumplimiento efectivo de la medida adoptada».
La cautelar fue dictada a raíz de una acción de amparo promovida por la asociación Unión de Usuarios y Consumidores «debido al permanente y constante cierre de oficinas telefónicas en distintos lugares del país». La entidad solicitó, además, la reapertura de las oficinas cerradas, aspecto sobre el cual no se expidió todavía la jueza.
• Atención despersonalizada
La entidad fundamentó su presentación en que los usuarios, ante problemas por desperfectos y sobrefacturaciones, deben realizar los reclamos por vía telefónica, sin atención personalizada ni comprobante de sus quejas.
Telecom tiene actualmente 25 centros de atención comercial en las principales ciudades del país; y Telefónica, 36 oficinas comerciales. Ambas empresas, pero sobre todo la primera, privilegiaron la atención telefónica de los reclamos en los últimos años, mediante un servicio gratuito.
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