La Justicia civil ratificó la validez de la ley de fideicomiso sancionada por el Congreso para evitar el remate de las viviendas de deudores hipotecarios en mora que habían tomado préstamos de acreedores privados.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El fallo, conocido ayer, fue dictado por el juez de primera instancia Ricardo Li Rosi, quien rechazó un pedido de inconstitucionalidad de las leyes 25.798 y 25.908, que fueron sancionadas entre 2003 y este año. Esas normas fueron cuestionadas por un prestamista que entregó, el 10 de mayo de 2001, 13.200 dólares en concepto de crédito a una mujer que no habría cumplido con la devolución del dinero en las pautas acordadas. En su resolución, el juez destacó el marco de emergencia económica en que fueron dictadas esas leyes y la «compleja y delicada colisión que se patentiza en discusiones generadas a raíz de la crisis que ha azotado a la República». Ante el planteo del prestamista, el magistrado tuvo en cuenta el derecho del «particular que tomó (el préstamo) y lo afectó a la construcción o adquisición de su única vivienda», por sobre «el derecho de propiedad del particular que ha prestado dinero a título de inversión».
«No se trata de perder de vista el interés de la ejecutante sino de cotejarlo en esta infortunada situación con el derecho constitucional de 'acceso a una vivienda digna,» enfatizó el magistrado en su resolución tras rechazar el planteo.
Dejá tu comentario