Se confirmó ayer, con un comunicado discreto, que la Argentina se encamina hacia un miniacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se ratifica así el avance de las negociaciones que llevaron adelante Roberto Lavagna, Aldo Pignanelli y Eduardo Amadeo. Las novedades sobre un entendimiento se produjeron después de que los argentinos se reunieran con Horst Köhler y Anne Krueger, ayer por la tarde. Las tratativas continuarán por un mes y pueden desembocar en dos tipos de acuerdo distintos. Uno, circunscripto a los compromisos que puede asumir Eduardo Duhalde, se extendería hasta que finalice su mandato en mayo próximo. Para alcanzar un convenio más extenso con el Fondo haría falta un pacto político que incluya al Congreso, los gobernadores y los candidatos presidenciales, tal como sugirió Köhler en su carta a Duhalde, la semana pasada. Si se lograra un tejido de esta naturaleza, la Argentina podría aspirar a un acuerdo más extenso, hasta diciembre de 2003 (fecha sugerida por Krueger) y con algunas ventajas atractivas. Por ejemplo, la reposición de los desembolsos ya realizados por el país con los organismos internacionales, que suman en lo que va del año u$s 3.500 millones. Un beneficio para atraer a los gobernadores, aunque el esfuerzo político exceda las habilidades que está acostumbrado a exhibir el gobierno de Duhalde.
Anoop Singh el sábado y Horst Köhler y Anne Krueger, ayer, insistieron delante de Roberto Lavagna, por enésima vez, en el mismo punto: el alcance del acuerdo que se suscriba con el Fondo Monetario Internacional depende en buena medida de la previsibilidad que ofrezca la dirigencia política del país. Esto se corresponde con una tarea que el gobierno se propuso continuar en los próximos días: la de urdir un acuerdo con los gobernadores de provincia, las cámaras del Congreso y los candidatos a la presidencia.
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Singh expuso su criterio durante la comida que compartió con Lavagna, Aldo Pignanelli y Eduardo Amadeo, y enfatizó una condición principal, ya adelantada por este diario el miércoles de la semana pasada: «No importa tanto que el Congreso haga nuevas cosas como que deje de hacer algunas que son preocupantes; no queremos más sorpresas».
El encargado del Hemisferio Occidental en el Fondo habló como si no debiera respetarse en el país la división de poderes (algo similar sucede con estos funcionarios cuando hablan de la Corte). Se refirió así a tres leyes que se tramitan en la Legislatura y que afectan especialmente al sistema financiero: la del aporte de 2% de la tasa de interés para el sindicato, la que restablece la opción entre sistema de reparto y sistema de capitalización en la previsión social y la denominada «ley Alfonsín» por la cual las casas centrales de los bancos extranjeros deben responder por las deudas de sus filiales locales.
Lavagna se preocupó ayer por aclarar que existe un solo tipo de acuerdo con el Fondo. Sin embargo, entre los funcionarios de ese organismo, en Washington, se trabaja con dos hipótesis distintas. Una, la de un acuerdo que involucre exclusivamente a Duhalde y que se extendería hasta la finalización de su mandato, acaso un mes más. Otra, que presume la posibilidad de un convenio más ambicioso, que envuelva a los actores que tendrán responsabilidades más allá de esta administración. Por eso cubriría un lapso como el que sugirió Krueger la semana pasada, hasta fines de 2003. Esta segunda ecuación, que implicaría un contrato con la firma de los candidatos, los gobernadores y el Congreso, requiere una capacidad de negociación que muy probablemente exceda al gobierno de Duhalde. Acaso sea por esto que Lavagna pretende ignorar tal posibilidad, que hablaría de un fracaso si se muestra inalcanzable. Además, el ministro está algo resignado a que el gobierno que integra haya perdido la credibilidad de los demás estados y del Fondo: «En realidad, todos creen lo que dijo Köhler a los periodistas en el 'off the record' de la semana pasada; que somos como chicos que hacen promesas con los dedos cruzados, para no cumplirlas», suele decir Lavagna en estos días. Sin embargo, Köhler es un obsesivo del acuerdo político, sobre todo, por la buena experiencia que tuvo con Turquía.
Así como cada uno de estos «contratos» tiene diversa extensión por las obligaciones que encierra, también abriría la puerta a distintas prestaciones. Un acuerdo «corto», reducido al gobierno de Duhalde, supone exclusivamente la reprogramación de los compromisos que se presenten durante ese plazo. El otro, con el sostén de un acuerdo político ambicioso, podría implicar el reintegro de los desembolsos realizados por la Argentina hasta ahora (en lo que va del año, u$s 3.500 millones).
La principal «carnada» de un convenio de esta segunda especie es que aportaría alguna forma de financiamiento para las provincias. Esta expectativa movería a los gobernadores a suscribir más rápidamente un acuerdo y a ratificar en las legislaturas locales las metas fiscales pactadas hasta ahora. Hay que recordar que los compromisos asumidos con Lavagna sobre las restricciones al financiamiento con bonos se asumieron sobre la base de que estaría disponible alguna financiación externa. Hasta ahora, de las provincias grandes, sólo Buenos Aires avanzó hacia esta convalidación. Por eso se espera la llegada de Carlos Reutemann, esta semana, a la Capital Federal, para que avancen también los santafesinos en este sentido.
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