Gas: presionan industrias por suba

Héctor Méndez

Las industrias continúan presionando a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) y al gobierno para conseguir una modificación del llamado fideicomiso II para ampliación de gasoductos que, según afirman, les significan subas de hasta 100% en las tarifas de gas.

El martes se reunió la Junta de la UIA integrada por unos 60 representantes empresarios, para escuchar el informe de Héctor Méndez y Héctor Massuh, presidente y vice de la entidad, sobre la negociación encarada con Roberto Baratta, el secretario de Coordinación del ministro Julio De Vido.

Insuficiente

Para varios de los presentes resultó «insuficiente» la propuesta oficial de bajar entre 20% y 25% el cargo específico para las obras durante el primer año que es el actual. Esa reducción se basa aparentemente en una ampliación del financiamiento que otorga el BNDES, Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que se habría incrementado en unos 200 millones de dólares.

Esos industriales seguirían insistiendo para que se amplíe la base de los aportantes que no incluye al GNC ni a los usuarios residenciales. Pero como esto no es políticamente viable para el gobierno, la consecuencia es que se termina requiriendo una especie de subsidio.

En otros términos, se propone que el Estado nacional adelante durante todo este año y buena parte de 2008 el cargo específico que deberían pagar las centrales térmicas que se están instalando en Timbúes (Santa Fe) y Campana (Buenos Aires). Como esas usinas recién empezarán a generaren unos 18 o 20 meses, no estaban incluidas entre los aportantes del primer año.

Por otra parte, su capital pertenece a generadoras privadas porque cedieron créditos que tenían a su favor por deudas del Estado. Pero a su vez por esa última razón, los desembolsos son hechos por la administración: si hay que pagar el gas como si las centrales estuvieran funcionando, el dinero equivalente al consumo de 8 millones de metros cúbicos diarios también debería salir de las arcas públicas.

Plazo

Otro de los planteos de los empresarios agrupados en la UIA es que se extienda el plazo de amortización que actualmente es de ocho años, aunque para esto el gobierno tendría que conseguir líneas de financiamiento en el mercado local porque el plazo del BNDES es inflexible.

Entre los industriales, hay quienes no se involucran en el debate porque tienen poco gasto de gas, están los que esperan que la negociación con el gobierno termine en una mejora sustancial de las condiciones actuales del fideicomiso, y, por último, están los que cuestionan de raíz todo el proyecto.

Entre estos últimos, Papelera-Tucumán se ubica en la posición más dura. Presentó en la Justicia un amparo y obtuvo ya una medida cautelar que obliga a no innovar, esto es, que se le siga cobrando el cuadro tarifario anterior a la aplicación del cargo específico.

Entre los argumentos del amparo, la empresa sostuvo que la decisión oficial es « discriminatoria», porque afecta a determinados usuarios y no a todos, y porque incluye a industrias que se verán beneficiadasno.

Desde esta óptica, Papelera Tucumán no necesitaría la ampliación que se está por realizar ahora y en cambio sí estuvo beneficiada con la obra del fideicomiso I y por eso paga el cargo correspondiente.

Desde la posición oficial, la industria paga las tarifas de gas más baratas de Latinoamérica y puede afrontar el costo de ampliar los gasoductos. Para los empresarios que están en la posición más extrema, la rebaja que prometió el gobierno no cambiaría la situación, y afirman que «pagar 75% de aumento, en vez de 100%, no es solución».