Gobierno y Repsol firmaron acuerdo por expropiación de YPF

El acuerdo fue firmado en el Salón de Cuadros del Ministerio de Economía.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, y Luis Suárez de Lezo Mantilla, secretario general del Consejo de Administración y Nemesio Fernández Cuesta Luca De Tena, director general de Negocios de Repsol, firmaron el acuerdo económico por la expropiación del paquete accionario de YPF.

Según informó el ministerio de Economía, ahora el convenio se encuentra sujeto a la aprobación del Congreso de la Nación de la Argentina y de la Junta General de Accionistas de Repsol.

El acuerdo fue firmado en el Salón de Cuadros del ministerio de Economía.

En un comunicado el Palacio de Hacienda informó que el acuerdo

"Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación" se firmó entre la República Argentina y las compañías REPSOL S. A., REPSOL CAPITAL SL, Y REPSOL BUTANO S.A.

El convenio fue firmado según lo establece la ley 26.741 que declaró de utilidad publica y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF SA e YPF GAS SA .

El convenio establece que Repsol "se aviene a aceptar por todo concepto la suma de 5000 millones de dólares estadounidenses pagaderos en bonos soberanos como compensación por la expropiación accionaria".

Con el convenio firmado concluyen dos años de complejas negociaciones, reconoce el derecho de la petrolera española a percibir bonos del Tesoro por 5.000 millones de dólares y las garantías para su pago efectivo.

Supone, además, el desistimiento de ambas partes a llevar a cabo acciones judiciales, tal como informó Kicillof en conferencia de prensa en oportunidad de anunciar el acuerdo.

El acuerdo contempla una cláusula especial que estipula que el gobierno argentino se comprometió a emitir bonos adicionales por 1000 millones de dólares más si el precio de mercado de los títulos entregados no alcanza a cubrir la cifra estipulada originalmente.

El monto mínimo efectivo que acepta cobrar Repsol es de 4700 millones de dólares y si la venta de los bonos se obtuviera un importe superior a los 5.000 millones de dólares. el exceso se devolvería a la República Argentina.