Griesa reclamó más datos

Thomas Griesa

El juez neoyorquino Thomas Griesa ordenó ayer al gobierno argentino que incluya información adicional de la oferta para salir del default. De esta manera, aceptó un pedido que formuló el fondo alemán H.W.Urban, que inició una «acción de clase» contra el país por la deuda impaga. El juez también fue informado por los abogados que representan a la Argentina en Nueva York (el estudio Cleary,Gotlieb, Steen & Hamilton) sobre la decisión de suspender la oferta en Nueva York, que debía arrancar el lunes próximo. «La verdad es que veo esto muy complicado, ¿cómo va a funcionar, será por etapas?», indagó. «Será primero en la Argentina y luego en otros países», le contestaron. «No lo entiendo», insistió.

El juez reafirmó su postura de no trabar la oferta argentina, pero impuso condiciones para que la misma pueda desarrollarse en Estados Unidos. Lo más importante es que obligó a que se distribuya información adicional para todos los bonistas que ingresan en la acción de clase entablada por Urban. Esto incluye a todos aquellos que poseen la misma serie de bonos que este fondo. Se trata de los bonos Global 2009 y 2017, ambos en default. Aunque la audiencia tuvo lugar en Nueva York, las decisiones de Griesa también incluyen a los bonistas argentinos que poseen estos títulos (forman, por lo tanto, parte de la acción de clase).

El equipo económico buscó evitar cualquier tipo de modificación en el prospecto que se presentó ante la SEC ( Securities and Exchange Commision) en Estados Unidos. También procuró que se eviten comunicaciones adicionales a los acreedores. Pero no lo consiguió.

Según lo ordenado por Griesa, el prospecto deberá incluir en su carátula un párrafo con el detalle del juicio iniciado por Urban. Dicho texto deberá remitir a los dos documentos preparados por el fondo con los detalles de la presentación.

• Protesta

En realidad, la documentación (que se daría a conocer oficialmente el lunes) consta de dos documentos, que en total suman nueve páginas: el primero contiene información sobre la demanda iniciada, el segundo tendrá un análisis detallado sobre las consecuencias de ingresar o rechazar el canje. Por ejemplo, se aclarará que quienes aceptan la oferta argentina perderán el derecho de incorporarse a la demanda iniciada a través de la «acción de clase». También se incorporarán argumentos sobre la posibilidadde que la Argentina mejorela propuesta presentada para salir del default.

Los abogados argentinos protestaron incluso por la obligación de que sea el propio gobierno el encargado de distribuir la información sobre la acción de clase de Urban entre los bonistas. «No será muy costoso, pueden hacerlo a través de la página Web del Ministerio de Economía», señaló Griesa.

Además, Griesa rechazó el pedido de los abogados argentinos de impedir que los representantes legales del Comité Global de Acreedores (GCAB, según las siglas en inglés) formen parte de la causa como testigos. Se trata del estudio White & Case, que apoyó en nombre del GCAB la presentación de Urban. «Han colaborado en todo este proceso», expresó Griesa, según asegura el Comité de Acreedores en un comunicado de prensa difundido ayer.