El gabinete nacional tratará hoy la polémica situación creada en relación con las concesiones de los ferrocarriles de pasajeros y, según trascendió, se hará una revisión de la deuda del Estado y de los incumplimientos de las empresas. Ayer, en fuentes allegadas al Ministerio de la Producción, se afirmó que la deuda del fisco con las empresas para cubrir el déficit operativo del servicio asciende a unos 16 millones de pesos, que se elevan a 40 millones, con actualizaciones e intereses.
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La intención oficial es bajar la polémica abierta por las declaraciones del candidato por el oficialismo, Néstor Kirchner, quien anunció la semana pasada que nacionalizaría los ferrocarriles. La declaración preocupó a privatizadas, y alarmó al propio oficialismo, que tiene relación por lo menos cordial con los concesionarios, todos ellos de capitales locales.
La declaración de Kirchner fue ya atenuada por el ministro de la Producción, Aníbal Fernández, a cargo del área, y hoy habría un informe del secretario de Transporte, Guillermo López del Punta, sobre los números de estas concesiones, además de la comisión de 50 agentes que revisaría el servicio y elevaría un informe en los próximos diez días.
Las concesiones de los trenes metropolitanos tienen en principio diferencias entre sí en cuanto a la calidad del servicio brindado. Hay además una gran desprolijidad legal porque los contratos fueron renegociados en los últimos meses de la gestión de Carlos Menem, y luego vueltos a renegociar parcialmente durante la administración De la Rúa. En el caso del Metropolitano (ex Roca, Belgrano Sur y San Martín) quedó el decreto de Menem, porque la empresa atravesaba problemas societarios durante 2000-2001 (por esta razón es también la concesionaria en la que se detecta mayor incumplimiento y a la que el Estado le debe más subsidio). Con Metrovías (subterráneos y Urquiza), el contrato no fue cuestionado por los funcionarios de la Alianza porque había sido avalado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de Trenes de Buenos Aires (Mitre y Sarmiento) y Ferrovías (Belgrano Norte), hubo nuevos decretos firmados por De la Rúa. En todos los casos, se planificaron aumentos de tarifas que cubrirían nuevas obras de infraestructura a través de la constitución de un fondo con los recursos adicionales.
Pero el fondo nunca se constituyó y cuando el ex ministro Cavallo dejó de pagar el subsidio operativo, las empresas ya no hicieron nuevas obras. En 2002 no hubo suba en el boleto. Finalmente, el actual gobierno declaró en setiembre la emergencia ferroviaria, y volvió al criterio original: el Estado quedaría a cargo del subsidio para cubrir el déficit operativo y, aparte, de las inversiones en infraestructura.
El gobierno admitiría una deuda de hasta 40 millones de pesos por subsidios no pagados, pero no se expediría sobre viejos reclamos de las concesionarias por presuntos incumplimientos del Estado (como la no entrega de locomotoras en la cantidad prevista), que sumarían 300 millones de pesos. Actualmente, las empresas perciben 13 millones de pesos mensuales para cubrir gastos corrientes, pero la intención oficial es elevar esa suma a 17 millones de pesos y reforzar la seguridad para reducir los hechos de vandalismo, a cambio de un compromiso de mejor mantenimiento por parte de las empresas.
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