Inflación de enero y polémica por el INDEC: un factor no contemplado podría haberla acercado a 3% con el nuevo IPC

La decisión de mantener sin cambios la canasta del IPC reavivó el debate sobre las ponderaciones, el peso creciente de los servicios y el impacto de los aumentos tarifarios. Cambios en los patrones de consumo, recomposición de precios relativos y recorte de subsidios.

La cuestión metodológica, en el centro de la discusión sobre la inflación y el INDEC.

Mariano Fuchila

Tras la salida de Marco Lavagna del INDEC y el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de que no se publicará la medición de la inflación con la canasta actualizada —como había sido anunciado por el organismo—, el debate se trasladó rápidamente a las redes sociales y al ámbito académico. Economistas y analistas financieros pusieron el foco no solo en la decisión oficial, que despertó cuestionamientos entre algunos de sus pares, sino también en la relevancia que tiene la medición del IPC, dado su impacto directo sobre múltiples variables de la vida cotidiana: desde los ajustes de los alquileres, las jubilaciones y las negociaciones salariales hasta las expectativas que rodean a los activos financieros indexados por CER.

Muchos analistas y el propio ministro de Economía consideraron que, para el dato de enero que se publicará el próximo martes, la diferencia con lo que habría dado el nuevo IPC es del 0,1 punto porcentual (p.p.). Por lo cual, el impacto de la modificación de las ponderaciones sería ínfimo ese mes. Pero la cuestión no está en en el número de enero, sino en el de los meses siguientes, en los que impactará con plenitud el "efecto tarifas" por la aplicación del nuevo esquema de subsidios.

Sin embargo, una consultora de referencia en el mundo económico y financiero introdujo un factor clave para aportar a la discusión y estimó que la diferencia incluso para el IPC de enero sería bastante mayor. Según sus cálculos, la medición actualizada arrojaría un número cercano al 3%.

Cómo se mide la inflación y por qué los servicios pesan cada vez más

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) no mide todos los precios por igual. Cada bien o servicio tiene una ponderación, es decir, un peso específico dentro del gasto de los hogares, que determina cuánto impacta su variación en el índice final de inflación.

Estas ponderaciones surgen de encuestas oficiales sobre cómo gastan su ingreso las familias y se mantienen fijas durante varios años para aislar el efecto de los precios. Por eso, una suba fuerte en un rubro con bajo peso puede tener un impacto limitado en el IPC, mientras que aumentos más moderados en categorías clave pueden mover el índice general.

La estructura del IPC también varía según la región. En el noreste y el noroeste del país, por ejemplo, los alimentos representan más de un tercio del gasto total, mientras que en el Gran Buenos Aires su peso es menor, con mayor incidencia de servicios como vivienda, transporte y educación. Estos esquemas regionales se integran luego en un único índice nacional, ponderado según la población y el nivel de consumo de cada zona.

En el caso de los servicios, la medición se realiza a partir de prestaciones concretas y comparables: alquileres, cuotas de los colegios, servicios de telefonía/celulares, servicios de salud o transporte público. Los precios se relevan de manera mensual y, en muchos casos, están regulados o sujetos a contratos, lo que les imprime una dinámica distinta a la de los bienes.

Por esta razón, los servicios suelen mostrar aumentos más graduales pero persistentes. A diferencia de los bienes, que pueden corregir rápidamente ante cambios en la oferta o la demanda, los precios de los servicios tienden a ajustarse con rezago y rara vez retroceden, convirtiéndose en un factor clave para explicar la resistencia de la inflación cuando el proceso de desinflación avanza.

El punto es que el nuevo IPC, basado en la encuesta de gasto de los hogares de 2017 y 2018, iba a incrementar la ponderación de los servicios en el índice general respecto del IPC que continuará en vigencia, que se basa en la canasta de consumo de 2004/2005. Por eso, los incrementos de las tarifas hubieran tenido mayor impacto.

El IPC de enero y un factor no contemplado

La consultora económica de Emmanuel Álvarez Agis, PxQ, estimó en un informe reciente al que tuvo acceso Ámbito que el IPC de enero "hubiese dado 3%" si se aplicaba el nuevo IPC, es decir, por encima de lo anticipado por Luis Caputo, que en textuales palabras dijo "en el orden del 2,5%". Según señaló PXQ, esto se debe a los aumentos tarifarios de las provincias que terminaron de publicar sus cuadros tarifarios el 2 de febrero.

"En el día de ayer (por el lunes) se terminaron de conocer los nuevos cuadros tarifarios que las provincias aplicarán retroactivamente en enero de 2026. Estos aumentos fueron significativos y eso podría implicar un impacto directo sobre el nuevo IPC de 0,8 p.p. , mientras que con la vieja metodología eso se reduce a 0,5 p.p. Es importante destacar que el INDEC se notifica de estos aumentos durante el mes de diciembre, mientras que los analistas y el público en general solo tuvieron acceso a esa información de manera completa en el día de ayer. Similar es el caso con las tarifas de servicios públicos de carácter nacional, dado que el impacto en el IPC con la nueva metodología es mayor. No obstante, estas tarifas ya tienen carácter público y hubieran impactado en el nuevo índice con una diferencia de 0,3 p.p. respecto del anterior", aclararon desde la consultora.

El siguiente cuadro muestra cómo varían las ponderaciones de cada división del IPC entre la canasta vigente (la de 2004) y la nueva (la de 2017/2018, que finalmente suspendida por el Gobierno), según los cálculos de PxQ.

El análisis de los ponderadores, según PxQ

Para aportar mayor precisión al debate, el INDEC publicó en su último relevamiento de precios las ponderaciones regionales del IPC con base 2016, que permiten dimensionar cuánto pesa cada rubro en el costo de vida según la zona del país. De ese esquema se desprenden las ponderaciones correspondientes al ítem “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (código 04), uno de los componentes clave del índice general.

Según los datos oficiales, las ponderaciones regionales de este rubro son las siguientes: GBA (10,46%), Patagonia (10,06%), Cuyo (8,88%), Pampeana (8,67%), Noreste (8,11%) y Noroeste (7%). Esto implica que las variaciones de precios vinculadas a vivienda y servicios básicos tienen un impacto relativamente mayor en el IPC del Gran Buenos Aires y de la Patagonia, en comparación con el resto del país.

La diferencia no es menor. En regiones como el GBA, donde el peso de los alquileres y de los servicios regulados es más elevado, los ajustes tarifarios o los aumentos en contratos de alquiler tienen un efecto más directo y significativo sobre la inflación medida. En la Patagonia, en tanto, el mayor peso del rubro está asociado principalmente a los costos energéticos, que representan una porción relevante del gasto de los hogares por cuestiones climáticas.

El impacto de los aumentos de las tarifas en las provincias

En línea con lo planteado por Agis, un relevamiento de Ámbito pudo observar que los aumentos tarifarios registrados entre diciembre y enero no fueron homogéneos en todo el país. Si bien el ajuste respondió a una política nacional de reducción gradual de subsidios energéticos, su impacto fue dispar según la región, el esquema regulatorio local y los cambios introducidos en la facturación de los servicios. Cabe recordar que el Presupuesto de 2026 plantea como objetivo reducir los subsidios energéticos del 0,9% del PBI en 2025 al 0,5% este año.

En las provincias, los incrementos se reflejaron con distinta intensidad. En Córdoba, la Empresa Provincial de Energía (EPEC) aplicó en enero una suba del 2,08% en el Valor Agregado de Distribución (VAD), luego de un ajuste del 2,89% en diciembre. No obstante, para febrero se proyectan aumentos por encima de la inflación, con una suba estimada del 3,59%, en línea con un incremento promedio nacional del 16,89% asociado a la quita de subsidios.

En Mendoza, el Gobierno provincial oficializó un aumento del 17% en la tarifa de agua, mediante el Decreto N° 111 firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, en el marco del proceso de revisión tarifaria anual, que contempla actualizaciones bimestrales. En San Juan, la tarifa eléctrica registró un incremento promedio del 10,83%, tras la aprobación de la nueva Revisión Tarifaria Ordinaria (RTO) para el período 2026–2031, dispuesta por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad mediante la Resolución N° 80/26.

En el caso del gas, Litoral Gas, distribuidora que presta servicio en parte del centro y norte del país, aplicará a partir de febrero un aumento del 31% en promedio, reflejando el impacto del nuevo esquema de precios mayoristas.

En el NOA, provincias como Tucumán, Salta y Jujuy avanzaron recientemente con audiencias públicas para definir el futuro de las tarifas eléctricas. En Tucumán, el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán aprobó un ajuste del 13,4%, que comenzó a regir en la segunda quincena de enero, aunque su impacto pleno se verá reflejado en las próximas facturaciones. El aumento surge de dos componentes: un pass through del 3,6% por mayores costos de generación y transporte definidos a nivel nacional, y un incremento cercano al 9% en el VAD, que cubre los costos de la distribuidora Edet.

No obstante, el impacto en algunas provincias del norte fue parcialmente amortiguado por la decisión de la Secretaría de Energía de ampliar el bloque de consumo subsidiado durante los meses de mayor demanda estacional. Así, hogares del NEA (Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe) y del NOA (Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) contarán con un mayor volumen de energía subsidiada entre diciembre y febrero, debido a las altas temperaturas.

En el AMBA, en cambio, el impacto fue más visible. Usuarios residenciales de Edenor y Edesur recibieron en enero facturas con aumentos que, en muchos casos, duplicaron el valor del mes previo. Sin embargo, este salto no respondió únicamente a una suba tarifaria, sino también a un cambio en la modalidad de facturación.

A través de la Resolución N° 730/2025, el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad dispuso que la lectura de medidores y la facturación pasen a ser mensuales, cuando hasta ahora se realizaban cada dos meses y el importe se prorrateaba en dos boletas. Con el nuevo esquema, el consumo real del período quedó concentrado en una sola factura, amplificando el impacto percibido por los usuarios del AMBA y del GBA durante los meses de mayor demanda eléctrica.

La suspensión del nuevo IPC y el impacto en la inflación de los próximos meses

El debate en torno a la metodología del IPC trasciende largamente el dato puntual de enero, más allá de si habría estado más cerca de un 3% o de un 2%. Si bien el propio Gobierno y la mayoría de los analistas coinciden en que el impacto inmediato del cambio de ponderaciones es acotado —del orden de décimas—, la discusión cobra aún más relevancia de cara a los próximos meses, que es cuando tendrá mayor impacto el ajuste de subsidios nacionales y la recomposición de tarifas.

El cambio en la medición también traería dificultades a la hora de medir con "la misma vara" el proceso de desinflación, pero brindaría un mejor dato, más cercano a la realidad, sobre cómo se está dando ese proceso.

Tal como señaló el último Informe de Política Monetaria del BCRA, la actualización metodológica apuntaba a capturar con mayor fidelidad los cambios en los patrones de consumo, los hábitos de los hogares y la estructura actual del mercado, y tendría impacto en la inflación del primer trimestre del año. En ese marco, el mayor protagonismo de los servicios sugiere que la dinámica inflacionaria podría volverse más resistente a la baja, aun cuando continúe el proceso de desinflación.

Así, más allá del número, el foco debe estar puesto en cómo las estadísticas dialogan en una economía en proceso de transición y donde el instrumento que se utilice para medir las principales variables es fundamental para la toma de decisiones y donde la credibilidad del índice seguirá siendo un elemento central para anclar expectativas, negociaciones y decisiones económicas de todo el país.