Insistirán con aplicar canon a telefónicas

Diputados peronistas, entre ellos, el santacruceño Daniel Varizat, presentaron ayer el proyecto de ley que insiste en la aplicación de un canon de 2% de la facturación anual de las empresas de telecomunicaciones por la utilización del espacio aéreo de los municipios. Una ley similar ya fue vetada por Fernando de la Rúa en medio de una guerra entre municipios que pretenden incrementar sus ingresos con el nuevo impuesto, empresas de telecomunicaciones y distribuidoras de señales de cable.

• Presiones

Ese proyecto inicial había sido sancionado después de muchas negociaciones y presiones por parte de intendentes de todo el país que incluso llegaron a tomar el Salón de Pasos Perdidos para obligar a los diputados a sancionar esa norma. Luego, De la Rúa decidió vetarla, Diputados insistió en la sanción original en marzo de 2002, pero el Senado nunca trató el tema, y la insistencia terminó archivada cuando por vencimiento del plazo perdió estado parlamentario.

El proyecto ahora presentado, con la firma de la duhaldista Mirta Rubini y el santacruceño Varizat, establece el pago a los municipios de un canon de 2% de la facturación anual de las empresas telefónicas por la utilización de su espacio aéreo y reduce ese porcentaje a 1% cuando se utilice el espacio público subterráneo «a fin de evitar la polución visual que genera el cableado aéreo», según sostiene la iniciativa. Ese impuesto será percibido por cada una de las administraciones comunales por donde pase el cableado. Rubini decidió reproducir el proyecto incluyéndole algunos agregados que aseguran la forma de recaudación, como la distribución de los fondos provenientes del canon.

Y tal como sucedió en el primer intento de sancionar el polémico proyecto, se aclara expresamente que el canon «no podrá trasladarse a los usuarios», es decir, que la empresas telefónicas deberán asumir el aumento de costos sin elevar la tarifa.

• Recaudador

La iniciativa establece que el canon será recaudado por la AFIP-DGI, la que deberá transferir los fondos a los municipios dentro de los 15 días de percibido. El 25% del monto total recaudado será distribuido en forma equitativa entre todos los municipios del país, y el monto restante se enviará a las comunas de acuerdo con la facturación obtenida por las empresas en cada una de sus jurisdicciones.

La AFIP «se encuentra habilitada para reclamar extrajudicialmente y perseguir judicialmente los montos adeudados» y establece que el dinero recaudado por los municipios deberá ser destinado «a proyectos eminentemente productivos generadores de empleo».