La Cámara de Bases de Datos (Cabase), que agrupa a empresas proveedoras de conexiones a Internet, presentará al gobierno la semana próxima una solicitud de intervención en el conflicto comercial desatado entre compañías hace más de dos meses.
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Según explicaron a este diario fuentes del sector, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, se presentará la cámara como entidad ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para que intervengan en la resolución de un conflicto que afecta las comunicaciones «virtuales» de más de 5 millones de usuarios en el país.
El problema comenzó cuando el llamado G-4 (Telecom, Telefónica, Impsat y Prima -Grupo «Clarín»-) decidió achicar el ancho de banda en el NAP (punto donde los proveedores de acceso a Internet se interconectan en forma gratuita) de Cabase. El argumento fue que las compañías medianas vienen aprovechando la infraestructura y la tecnología que las grandes desarrollaron en los últimos tiempos sin pagarles para hacer sus propios negocios que sí cobran a los usuarios.
En ese momento algunas operaciones, como enviar y recibir correo electrónico, realizar transacciones bancarias o visitar páginas Web se hizo más lento o casi imposible.
Para que las comunicaciones mejoren en velocidad y calidad, algunos proveedores hicieron acuerdos temporales con Telefónica o Telecom con un pago mediante, mientras que otros acudieron a enlaces internacionales asumiendo el costo que eso significa.
• Rechazo
En una reunión que se realizó, a la que se presentaron todos los representantes de proveedores excepto el de Prima, Cabase decidió poner fin a esta situación y dar por sentado que las cuatro grandes proveedoras no aceptaban la contrapropuesta que les presentaron las empresas menores la semana pasada.
En esa contrapropuesta, compañías como Netizen, Iplan y Fibertel ratificaron el modelo de «interconexión gratuita y cooperativa para la conectividad nacional» como lo fue hasta ahora con el agregado de «establecer pautas de calidad para garantizar la eficiente prestación del servicio».
Esta idea va a contramano del modelo de interconexión basado en el «pee-ring» (acuerdos particulares de pagos entre compañías), que propusieron las compañías más grandes.
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