Juego clandestino mueve más de u$s 1.000 millones por año

La industria del juego clandestino mueve más de 1.000 millones de dólares anuales, de los cuales no ingresa al fisco ni un solo centavo. Se estima que el Estado deja de recaudar por este ilícito más de 300 millones de dólares anuales en concepto de impuestos.

El auge de los juegos clandestinos y el impacto negativo que provoca en la alicaída economía argentina está siendo motivo de análisis en la Cámara de Diputados. Por caso, existe un proyecto presentado por el diputado Daniel Scioli que prevé penas de uno a seis años de prisión para quienes lucran con el juego ilegal.

Según un estudio realizado por la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería Nacional (CAOLN), el juego clandestino es tan grave como la evasión tributaria. En los últimos años fueron denunciados más de 1.500 locales clandestinos y se cree que sólo en la Ciudad de Buenos Aires existen tres locales ilegales por cada agencia oficial.

Otro dato significativo: en la provincia de Buenos Aires hay al menos 4.500 pasadores de quiniela ilegal que recaudan, en conjunto, unos 4,5 millones de pesos diarios.

• Aliado

El auge del crecimiento del juego clandestino tiene un aliado: la ausencia de una ley que tipifique este fenómeno como delito. Esto ha permitido su continuidad y que ninguno de los involucrados haya sido condenado. Los que venden juego en forma clandestina se amparan en el hecho de que esa actividad ilegal aún está legislada como contravención y no como delito.

Algo parecido sucedía en Italia, donde este tipo de ilícito era considerado como una contravención. Cuando se creó una ley para castigarlo se redujo a 5 por ciento el juego clandestino.

Según Scioli, el proyecto presentado «viene a llenar un vacío legal que permite reprimir con pena de prisión de uno a tres años a aquel que venda o comercialice en forma clandestina distintos juegos de azar, y de dos a seis años al que organice o explote esa actividad».

El proyecto de ley también contempla la elevación de la pena un tercio y el decomiso de todos los efectos y fondos para quienes formen parte de una asociación o banda.

César Ricardo Melazo es el juez de La Plata que llevó adelante la «megacausa» contra el juego clandestino. Su investigación, conocida como «causa 1.707» ocupó todo el año 1997 y la mitad de 1998. Se procesó a 250 personas y se comprobó que un solo capitalista de la provincia de Buenos Aires recaudaba 35 mil pesos diarios.

Durante la investigación del juez Melazo, la recaudación de la Quiniela oficial bonaerense creció más de 40 por ciento: más de un millón de pesos diarios, suma que habitualmente se movía en la clandestinidad.

La recaudación total de enero a agosto de 1997 alcanzó los 280 millones, mientras que en el mismo período de 1998 ese número trepó a los 420 millones.

Se determinó, además, que los ingresos del instituto provincial de Lotería y Casino fueron en febrero de 1997 de casi 35 millones de pesos, mientras que en febrero de 1998 esa suma ascendió a 59 millones.

Según el juez Melazo, esta sería la prueba fundamental que acreditó la tipificación de esa conducta como delito.

• Recaudación

Según la CAOLN, si el juego clandestino se combatiera eficazmente, el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente y la Secretaría de Promoción Social de Buenos Aires podrían multiplicar sus recursos y el Estado recaudaría más de 300 millones.

«El Estado no puede ni debe instigar a la comunidad a jugar o apostar, pero sí debe encauzar esa necesidad brindando seguridad y transparencia, utilizando los fondos del juego para ayudar a los más necesitados», sostiene Scioli. Y agrega que «ésta es la gran diferencia entre el juego legal y el clandestino, cuyas sofisticadas organizaciones ya avanzaron peligrosamente sobre el juego social».

El legislador consideró que la ley le aportaría al ministro Domingo Cavallo «una forma eficaz» para recaudar dinero sin crear nuevos impuestos. Y apunta que sólo con lo que se evade en la Ciudad de Buenos Aires se podrían implementar alrededor de 10 mil planes Trabajar. «Esto ya se lo he dicho al gobierno, a Cavallo y a (Chrystian) Colombo y por eso me parece que se debe apurar su tratamiento.»