Kirchner presenta mañana en la Bolsa el fondo para teléfonos

El presidente Néstor Kirchner anunciará mañana en la Bolsa de Comercio el llamado «fideicomiso para la reconstrucción del complejo nacional de las telecomunicaciones», iniciativa que suscita reservas y cuestionamientos de las principales empresas telefónicas que operan en la Argentina.

El acto, que está organizado por el secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, tiene el propósito de «presentar en sociedad» el fondo fiduciario, según fuentes del Ministerio de Planificación.

Pero todavía falta cumplir ciertos pasos legales y reglamentar el marco jurídico, porque se trata de un fideicomiso en el que podrán participar inversores particulares, y los certificados de participación serán cotizados y calificados por la Bolsa.

Según el proyecto que impulsa Moreno, se creará una comisión técnica conformada por representantes de los fiduciantes, el fiduciario y la Secretaría de Comunicaciones, que evaluará los proyectos productivos a los que se destinarán los recursos.

El BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) será el banco fiduciario, ante el cual los fiduciantes deberán firmar el contrato de suscripción de certificados de participación.

En apariencia, al menos por el momento, se acotaron los objetivos oficiales con respecto a este fondo. En un primer momento, Moreno lo habría presentado como un mecanismo para captar los recursos de todas las empresas de telecomunicaciones destinados a inversiones.

• Reparos

Sin embargo, esa propuesta provocó fuertes reparos, porque las compañías que cotizan en la Bolsa, no pueden legalmente aportar a un fondo que puede terminar financiando un proyecto de una empresa de la competencia. Las telefónicas temen además que el fideicomiso sea una forma de que el Estado les imponga los proveedores y el destino de la inversión, por lo cual el aporte inicial que harán será menor al que tenía previsto el gobierno.

Semanas atrás, fuentes del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido, informaron que ya se habían integrado 75 millones de pesos al fideicomiso. Y que de esa cantidad 15 millones eran de Telefónica, igual suma de Telecom y 7 millones de Techtel, pero no dio detalles sobre el origen del resto de los recursos anunciados.

Sin embargo, días después Telecom difundió la carta enviada a Moreno en donde se destacaba que la empresa aportará 1,5 millón de pesos ahora, 3,5 millones de pesos cuando haya reestructurado su deuda financiera, y que los otros 10 millones quedan sujetos al acuerdo previo de los proveedores propios.

Finalmente, hasta ahora está confirmado que Telefónica y Telecom integrarán 1,5 millón de pesos cada una, Movicom 500.000 pesos, y todavía no está precisado el aporte inicial de Techtel y de Fecotel, la entidad que nuclea a las cooperativas telefónicas.

El fideicomiso, así constituido, se destinaría a impulsar proyectos de pymes para sustituir importaciones de insumos y equipamientos para las telecomunicaciones, los que deberán ser evaluados por la comisión técnica. Se entiende que las pymes deberán asegurar igual calidad del producto e igual o menor precio que la importación, además de continuidad en el suministro.

Pero quedan dudas sobre el futuro del fondo. Podría ocurrir que el gobierno obligara a destinar al mismo parte del aumento de tarifas que en algún momento se va a autorizar. Este es el punto que más objeciones recibe en las compañías privadas ya que, afirma, «el riesgo existe porque el Estado busca tener una presencia muy fuerte, con lo cual las empresas perderían autonomía para definir sus inversiones y sus proveedores».

Las empresas telefónicas tienen licencias que compraron al Estado, por lo cual habría límites legales para obligarlas a destinar parte de sus ingresos a un fideicomiso.

• Concesionarios

La situación es distinta en el caso de las concesiones. Ya desde enero de 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, Aguas Argentinas aceptó que el dinero ingresado por los aumentos de tarifas autorizados, se destinara a un fideicomiso, con cuyos recursos deberían hacerse las obras previstas en el segundo plan quinquenal.

Durante el gobierno de Eduardo Duhalde, la comisión renegociadora de los contratos insistió en que los ingresos por cualquier suba de tarifas que se autorizara debían integrar un fideicomiso del que sólo saldría dinero para la empresa, contra certificado de obra. (Esto en parte se explica porque el primer fideicomiso no se constituyó, y en 2002, Aguas no hizo las obras comprometidas con ese dinero, por lo cual en el último fue obligada a depositar los fondos que no había utilizado para expansión.)

En la actualidad, el criterio en estudio sería más drástico: Aguas Argentinas pasaría a operar y mantener el servicio, mientras el Estado se haría cargo de las obras con parte de lo recaudado por una eventual suba de tarifas.

Similar criterio ya se adoptó en la licitación de las rutas nacionales por peaje. Las concesionarias operarán y mantendrán las rutas, pero las obras las hará el Estado, a través de licitaciones que podrán ganar las mismas empresas que operan los corredores viales o terceros. Pero en este caso, el dinero para las obras también lo pondrá al Estado, asignando parte de lo que recauda con la tasa al gasoil.