La Corte Suprema de Justicia aprueba la redolarización

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2003 - La Corte Suprema de Justicia emitió ayer un fallo a favor de la redolarización de un depósito de la provincia de San Luis en el Banco Nación. El fallo no se aplica a depositantes individuales, y por ende no ejerce un efecto inmediato en el sistema financiero en general o en las calificaciones de Standard & Poor's de los bancos argentinos, actualmente en 'SD' (Default Selectivo). Sin embargo, la decisión sienta un claro precedente y es una señal de lo que puede esperarse de un eventual fallo respecto del caso de depositantes individuales. De todos modos, las consecuencias de un nuevo fallo probablemente deban ser enfrentadas por el nuevo gobierno, que se espera asuma en mayo próximo. En lo inmediato, se prevé que se incrementen los amparos permitiendo a los depositantes retirar sus depósitos al tipo de cambio libre, lo que podría poner en peligro la relativamente más holgada situación de liquidez actual de los bancos. Los depósitos sujetos a una eventual redolarización que se encuentran aún atrapados en el “orralón”ascienden aproximadamente a 18.000 millones de pesos, y eran originalmente alrededor de $9.000 millones de dólares. Sin embargo, un eventual fallo de la Corte Suprema podría llegar a beneficiar también al conjunto de depositantes con ahorros en el sistema financiero al momento de la pesificación, hace más de un año. De este modo, dependiendo de la fecha elegida para la compensación, el costo de la redolarización podría elevarse a aproximadamente $35.000 millones. En caso de que la Corte Suprema falle a favor de la redolarización de los depósitos de individuos, los depositantes sólo pueden esperar recibir un bono denominado en dólares, emitido por el gobierno o por los bancos, ya que las instituciones financieras no cuentan con los fondos para devolver la totalidad de los depósitos en la moneda original. Sin embargo, si los bancos se vieran forzados a enfrentar la totalidad de las obligaciones redolarizadas, contarían con mayores incentivos para efectuar reclamos judiciales por la redolarización de sus activos, es decir, de las deudas, lo que plantearía nuevas incertidumbres y pondría en peligro la incipiente recuperación de la economía. Por ello, un bono emitido por el gobierno es la solución más probable.