La pelea clave es por un proyecto que cambia poco

La sanción de una nueva ley de coparticipación federal-impositiva -eje hoy por hoy de la discusión entre Néstor Kirchner y los gobernadores- es un objetivo tan complejo como postergado, que exige alcanzar un acuerdo entre Nación y todas las provincias.

La reformada Constitución nacional de 1994 y la última carta de intención firmada entre el gobierno nacional y el FMI piden por una ley que reordene el reparto de impuestos en el país, pero hasta el momento la discusión política mantiene empantanado el tema, especialmente por la resistencia que ofrece la provincia de Buenos Aires al borrador de ley generado bajo las órdenes de la Casa Rosada. La principal crítica que recibe la propuesta nacional -que hoy sostienen con fuerza el bonaerense Felipe Solá y el neuquino Jorge Sobisch- apunta a que se trata de una ley que no ofrece modificaciones de fondo. De hecho, conserva una modalidad de reparto muy similar a la actual, con el agregado de nuevos parámetros para el dinero que se recaude como excedente del monto coparticipable que se obtenga durante todo 2004, un techo que se calcula en $ 24.200 millones.

Según un análisis del Centro de Estudios Bonaerense, para 2005 -año en que debería comenzar a regir la nueva ley-se especula con alcanzar unos $ 26.300 millones en transferencias a provincias, es decir, un excedente de $ 2.100 millones; en tanto que en 2006, el sobrante treparía a $ 4.400 millones.

• Temores

Este millonario excedente es el centro de la discusión, ya que del total 24% se destinaría a un Fondo de Equidad Social, que fue bautizado «Fondo K» por los opositores, debido a que planea manejarlo la Casa Rosada para destinarlo a las provincias del Noroeste y Nordeste y los principales conglomerados urbanos, como el Gran Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Córdoba -estos dos últimos de claro corte « transversal» en la actualidad-. Temen en este punto Solá y Eduardo Duhalde que Kirchner opere con este dinero para captar la voluntad de intendentes bonaerenses, además de servir para aceitar acuerdos «transversales» en todas las provincias.

Los fondos restantes del excedente se repartirían 90% según los parámetros actuales y 10% respetando un coeficiente de eficiencia fiscal. Este último ítem premiaría los rendimientos de provincias ordenadas.

Solá está dispuesto a batallar contra el aislamiento al que intenta someterlo Kirchner en la pelea por los fondos de coparticipación y pide que Buenos Aires pase de 22%, aproximado, que recibe en la actualidad a 25% ($ 590 millones más). Recuerda, además, la promesa de campaña del patagónico de restituir «los 8 puntos de coparticipación» (su hipótesis de máxima), que significarían unos $ 2.000 millones. En esta lucha, el bonaerense perdió dos importantes aliados en los últimos días: El cordobés José Manuel de la Sota y el santafesino Jorge Obeid, que moderaron sus posiciones y están cerca de acordar en favor del proyecto nacional, tal como ya lo hiciera la mayoría de las provincias « chicas». Estas últimas se conforman, básicamente, con que se les respete el piso de lo repartido este año, en tanto que festejan el modo en que se manejaría el excedente.

• Laberinto

La ley de coparticipación vigente es la 23.548, que en los últimos quince años sufrió varias modificaciones a partir de la creación de las llamadas «asignaciones específicas», las cuales afectaron notablemente el modo de repartir los fondos y generaron que el sistema hoy sea conocido como el «laberinto de la coparticipación». Un sistema que se mantendría intacto bajo el proyecto de Kirchner, que sólo se propone repartir -y manejar-el excedente mencionado.

Bajo la Ley 23.548, el reparto primario -entre Nación y provincias- dispone 42,34% para Nación y 54,66% para las provincias. (Otro 2% se reparte entre Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz en razón del llamado «recupero del nivel relativo, y 1% para Aportes del Tesoro Nacional). Pero las asignaciones específicas y la intervención del Sistema Previsional, el llamado «tercer actor», que absorbe 15% de los fondos en la distribución primaria, provocaron tantos desequilibrios que hoy se calcula que el total de los fondos recaudados se reparte en razón de 60% para Nación y 40% para provincias. Por caso, el impuesto al cheque, uno de los primeros en importancia, del cual 70% es destinado a Nación y sólo 30% a provincias; y las retenciones a las exportaciones, grandes impulsoras de la suba en la recaudación, se destinan 100% a las arcas nacionales.

Lo cierto es que los tiempos políticos acordados con el FMI están al rojo vivo, ya que el 31 de marzo venció el plazo para un acuerdo con gobernadores, mientras que la ley debería estar sancionadaen agosto. De hecho, esta semana el ministro de Economía, Roberto Lavagna, presentó su proyecto para una ley de responsabilidad fiscal con la cual Nación pretende «conformar» al Fondo aplicando una serie de pautas de conducta fiscal a las provincias a cambio de la demorada ley de coparticipación.