Ambos se precian de ser políticos que miran al poder, en sus manifestaciones más crudas, con distancia. Se aprecian como intelectuales, profesores universitarios. Uno de ellos, con pasado de exilio. Por eso, Fernando Henri-que Cardoso y Celso Lafer, presidente y canciller de Brasil, deberán explicar más todavía la nueva orden que han dado para regular las expresiones de los diplomáticos de Itamaraty. En adelante, los funcionarios deben someterse a la censura previa antes de emitir opiniones de cualquier tipo. La orden se emitió a propósito de la crítica de un embajador al ALCA. Todo un baldón para la biografía de aquellos pensadores. Todo un homenaje a los Estados Unidos.
Uno, Fernando Henrique Cardoso, se ganó fama de intelectual libertario cuando debió abandonar Brasil por haber incurrido en «delito de opinión». El otro, Celso Lafer, se precia de ser un canciller distinto, cultivado en el mundo de las ideas, profesor de una facultad «iluminista» como la de Derecho del Largo de San Francisco, en San Pablo. Tal vez por eso uno y otro echarán la culpa de la «barbarie» en un burócrata gris como el secretario general de Itamaraty, Luiz Felipe de Seixas Correa. Sucede que la semana pasada, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil se emitió una circular interna por la cual se prohíbe a cualquier diplomático de ese país emitir opiniones públicas sin antes hacerlas conocer a sus jefes administrativos.
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Este mecanismo de censura previa es explicado así por la cartera del profesor Lafer: «Las manifestaciones (artículos en la prensa, entrevistas, textos en publicaciones especializadas, etc.) deben, como regla general, restringirse a situaciones en que haya interés institucional en la difusión pública de principios y posiciones la diplomacia nacional». Después agrega: «En los casos excepcionales en que se j tifiquen y sean convenientes para el min terio manifestaciones públicas en carác personal de los miembros del Servicio Exterior brasileño, deben ser observados los procedimientos siguientes...».
La prescripción contiene matices sorprendentes. Por ejemplo, la arbitraried con que el Estado puede apropiarse de producción intelectual de sus funcionar para hacer jugar sus opiniones en función de sus propios intereses, tal como se describe en el segundo párrafo. Pero, como toda casuística de esta naturaleza, la norma de Lafer/Seixas Correa tiene algo ridículo: ¿cuáles son los límites de la presión de sus subalternos? ¿Qué debe suceder con aquellos que, por ejemplo enseñan relaciones internacionales en universidades? ¿Deberían llevar grabadores a sus clases previamente para que «dos jefes» las escuchen? ¿Y si el texto en cuestión es un poema? Vaya a saber qué hubiera pasado con la literatura brasileña y aún con movimientos musicales como la bossa nova si a Vinicius de Moraes o a Joao Cabral de Mello Neto les hubiera tocado ejercer la diplomacia sometidos al afán inquisitorial de Lafer o Seixas. Sin embargo, al ímpetu censor de las nuevas autoridades de la política exterior de Brasil (en rigor, Seixas ocupa su cargo desde hace algunos años) debe aplicársele una lectura también circunstancial. La «mordaza» que decidieron poner en sus diplomáticos se debe a una nota que publicó el embajador Samuel Pinheiro Guimaraes, para quien «el ALCA es el fin del Mercosur». A Lafer y Seixas les inquietó que se divulgue semejante idea, lo que dejaría la impresión de que su inclinación por el área de libre comercio que promueven desde Washington es mayor que la conocida. Comprensible: en pocos días Lafer «tiene turno» con Colin Powell y no querrá que su colega reciba más desafíos que los folklóricos.
