Lanzan plan para atraer inversiones

El gobierno de Fernando de la Rúa lanzará antes de marzo un ambicioso proyecto de fomento económico y laboral para dos sectores industriales concretos: las telecomunicaciones y la informática. Desde los ministerios de Economía de José Luis Machinea y de Trabajo de Patricia Bullrich se está preparando un gran plan de políticas activas que buscará atraer inversiones en los dos rubros, a partir de la posibilidad de importar bienes de capital sin pagar aranceles externos, mayores reducciones en los aportes patronales y otros impuestos laborales, reducción del tributo a las Ganancias para la tenencia de acciones de las empresas del sector y subsidios de tasas de intereses para PyMEs de estos rubros, entre otras medidas puntuales. Según se asegura dentro del gobierno de la Alianza, este proyecto le podría garantizar a la Argentina inversiones para los próximos cinco años de más de 5.000 millones de dólares y lograr que estos dos rubros facturen aproximadamente 10.000 millones anuales hacia el 2005.

El puntapié inicial para llegar a elaborar este plan se dio la semana pasada en el piso 12 de la sede del Ministerio de Trabajo, donde se reunieron Bullrich; el secretario de Trabajo, Anselmo Riva, y el secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar. Machinea y Bullrich se habían comprometido ante el propio Fernando de la Rúa a fines de 2000 a avanzar en un proyecto para fomentar la inversión en estos dos sectores puntuales, para cumplir en realidad con la promesa que les hizo en su momento el presidente a las empresas de telecomunicaciones y a los empresarios argentinos vinculados con proyectos de Internet para facilitar y promocionar las inversiones en estos dos rubros.

La propuesta de trabajar en un plan de fomento de estos dos rubros acompaña desde siempre al ánimo presidencial, pero las sucesivas crisis de 2000 postergaron la posibilidad de que se le dé forma concreta a esta política activa. El blindaje financiero y la seguridad de que por varios meses el gobierno tendrá cierto respiro económico para poder avanzar y delinear políticas de media-no plazo hicieron renacer a fines de diciembre los proyectos de fomento a las telecomunicaciones y la informática, idea sobre la que formalmente comenzó a trabajarse la semana pasada.

Durante la reunión entre Bullrich, Aguiar y Riva se debatió un informe puntual aportado por la Secretaría de Comunicaciones llamado «Ideas para el Desarrollo del Sector de Tecnología de la Información y las Comunicaciones en Argentina», que a su vez cuenta con dos partes: I) La Experiencia Internacional y II) Políticas de Crecimiento Comparadas. La base del estudio es un análisis comparado de las políticas activas que se aplicaron en «países que no son puntales de tecnología a nivel internacional, pero que aplicaron políticas exitosas». Los ejemplos a que se refiere la cita son los de Israel, Irlanda, Malasia, Taiwán, Singapur y la India, seis Estados que estarían «en la vidriera de esta nueva economía» según el informe y cuyas políticas «podrían ser asimiladas tranquilamente por la Argentina».

La clave de lo que quiere imitar el gobierno se encuentra en el capítulo 7 del trabajo llamado Promoción Selectiva de la Industria. Allí se asegura que todos estos Estados «implementaron políticas dirigidas a sectores específicos que incluyeron protección de las importaciones y subsidios para adquisición de bienes de capital y otros activos».

Esta idea dentro del informe de la Secretaría de Comunicaciones no se llama en ningún momento «políticas activas» sino «estrategia amigable de mercado», frase que cae más simpática que cualquier idea que acerque a cuestiones «intervencionistas» o «dirigistas» de los mercados. Según el trabajo, en estos sectores «la inversión pública complementa a la privada e incrementa su orientación hacia las exportaciones».

El proyecto oficial, que antes de marzo estará preparado en su totalidad y que en abril se presentará al público, se basaría en las siguientes propuestas:

 No cobrar aranceles externos a la importación de bienes de capital destinados a estos dos sectores. De todas las ideas que se manejan, ésta es la más avanzada. Dentro de la Secretaría de Industria que dirige Javier Tizado se asegura que esta posibilidad es más que concreta y que se podría implementar en el mayor tiempo posible. Incluso el ex Techint ya tiene negociada con el embajador plenipotenciario para el Mercosur, José Botafogo Gonçalves, la posibilidad de implementar estas rebajas para terceros países sin que Brasil denuncie por subsidios y dumping a la Argentina; por lo menos durante todo 2000. Lo que suceda desde ese año en adelante dependerá de la marcha de las negociaciones sobre la rebaja general de aranceles externos del Mercosur, pero Tizado personalmente aseguró que la política de arancel cero será una «cuestión económica de Estado» que el país mantendrá.

 Posibilidad de reducir impuestos al trabajo, comenzando con una reducción extra de los aportes patronales de las compañías del sector que efectúen nuevas inversiones. Además habría reducciones en los impuestos laborales para las compañías que incorporen estudiantes de carreras afines. Dentro de las promociones laborales, también se estudia implementar un sistema de incentivos impositivos para las empresas del sector que inviertan en capacitación de su plantel.

 Con fondos provenientes del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se estudia destinar más de 1.000 millones en préstamos con tasas subsidiadas para las pequeñas y media-nas empresas del sector.

 Eventualmente, se podría implementar un mecanismo de reducción del Impuesto a las Ganancias a cambio de un incremento en las inversiones. Se analiza también la posibilidad de algún régimen de patentamiento libre de impuestos para las compañías que inviertan en estos rubros y la eximición del Impuesto a las Ganancias para la tenencia de acciones de este tipo de compañías, en el caso de que éstas coticen en la Bolsa de Buenos Aires.

 Se piensa, además, que las reparticiones públicas que se dediquen a trabajar sobre estas áreas y a atender las necesidades públicas de las empresas informáticas y telecomunicaciones tendrían un status autónomo del resto de la administración pública y sus empleados tendrían retribuciones similares o sólo un poco más bajas que las del sector privado.

 Se podría crear, además, un consejo consultivo que incluya a miembros del gobierno, trabajadores, empresarios, periodistas, académicos, que se dediquen a estudiar la evolución de estos sectores con fomento.

Lógicamente, dentro del gobierno la idea de que la Argentina se convierta en un polo de la industria tecnológica de punta genera gran entusiasmo. Para algunos sectores del gobierno involucrados en el proyecto, entre ellos Bullrich y Fernando «Aíto» de la Rúa (hijo menor del Presidente y formalmente CEO del portal educ.ar) significaría, además, volver a fomentar la idea de un Fernando de la Rúa (padre) vinculado con la modernidad y la informática, una imagen que al comienzo del mandato del radical estaba consolidada y que a golpes de recesión se fue perdiendo durante 2000.

Se piensa, además, que junto con el plan de infraestructura que en su momento manejó Nicolás Gallo y que luego heredó Machinea y los programas de fomento al turismo de la secretaría que dirige Hernán Lombardi serían los únicos tres sectores y programas por los cuales en el futuro la Alianza en general y Fernando de la Rúa en particular podrían reclamar un copyright. Algo diferente de las inauguraciones de plan-tas petroquímicas en Bahía Blanca y cementeras en Olavarría que protagonizarán funcionarios del gobierno en los próximos días y que fueron decididas en los 10 años de gestión de Carlos Menem.