De no mediar alguna acción oficial de parte de sus socios comerciales, Brasil impondrá un sobrearancel para las importaciones de 3,65%. Esto ocurrirá seguramente en setiembre, cuando el Congreso brasileño trate una propuesta de reforma constitucional (PEC) que apunta a otorgar igualdad de tratamiento tributario a la producción nacional respecto de los bienes importados. Lo que se conoce como «isonomía tributaria». Ocurre que la PEC establece el cobro de la contribución Pis/Cofins-Pasep sobre las importaciones.
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El hecho imponible que genera el pago de esta contribución Pis/Cofins-Pasep de 3,65% son las ventas de las empresas, y su recaudación está destinada al sistema de seguridad social. Por no tratarse de un impuesto con efecto «en cascada», o sea que no es trasladable a lo largo de cada etapa de la cadena productiva, impacta en consecuencia en el precio de venta de cada producto, descolocando así a los bienes nacionales respecto de sus equivalentes importados, según argumentan los brasileños. Por lo tanto, cuanto mayor es la cadena productiva y, por ende, la complejidad del bien, menor es el grado de competitividad del producto brasileño respecto de su equivalente importado.
El objetivo del gobierno de Fernando Henrique Cardoso al impulsar esta PEC es otorgar equidad tributaria a la producción local respecto de la importada, anulando la ventaja tributaria con que cuentan los bienes importados al no pagar esta contribución, sostienen los industriales brasileños.
En pocas palabras, el efecto de ser aprobada esta PEC será un sobrearancel de 3,65% a las importaciones, lo cual empeorará aun más la posición competitiva de los exportadores argentinos.
«El hecho imponible es la venta, como las importaciones son por definición compras, no correspondería la aplicación de la alícuota de 3,65% de esta contribución», consideró el economista Juan Soldano Deheza, de la consultora brasileña Catia Vasconcelos en diálogo con este diario. Sin embargo, opinó que «probablemente, se cree una contribución especial sobre las importaciones». En ese caso, «se convertirá por similitud en un adicional al Arancel Externo Común, lo que no se encuentra permitido por el Tratado de Asunción, salvo expreso consentimiento de los demás socios». Al respecto, Soldano señaló que vale recordar lo que ocurrió cuando la Argentina decidió implementar la tasa de estadística.
Ahora bien, ¿qué posibilidades hay que esta PEC sea aprobada? En este sentido, pareciera que las aguas están divididas. Pero la sensación es que ya no hay marcha atrás y que será aprobada.
«No creemos que prospere, porque nos traería muchos problemas con la Organización Mundial de Comercio (OMC)», consideró Mauro Laviola, consultor de varias entidades brasileñas en comercio exterior, al conversar con Ambito Financiero.
Por su parte, Zulfiro Bosio, presidente del Centro de Comercio Exterior de Paraná, opinó que «sería difícil defender este aumento sobre las importaciones; porque la contribución es para el sistema de seguridad social, y las compras externas no tienen ninguna relación con este costo de la mano de obra».
«Desgraciadamente, casi sin lugar a dudas, será aprobada», sentenció Soldano. Si bien Enrique Mantilla, titular de la Cámara de exportadores argentinos, minimizó el tema, ya que está más preocupado por el deterioro del euro frente al dólar, no descartó un nuevo dolor de cabeza en el Mercosur.
¿En qué se basa el pronóstico de una aprobación?
Las razones que avalan esta postura son:
Es un proyecto presentado por el Ejecutivo que generará una importante fuente de recaudación fiscal no coparticipada de 4.000 millones de reales (1.700 millones de dólares).
Ya cuenta con la aprobación de la comisión de ingreso de proyectos en la Cámara de Diputados.
Levanta una bandera de justicia en la equiparación de condiciones impositivas entre la producción local e importada y, en consecuencia, cuenta con el apoyo de los políticos, empresarios y los sindicatos.
En definitiva, no hay una oposición visible, excepto la de las empresas importadoras.
Cabe señalar que, de ser aprobada la PEC, entra en vigencia a los 90 días. De modo que aún es momento para que el gobierno, la Cancillería y los empresarios presionen para evitar este nuevo arancel de importación.
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