El Poder Ejecutivo suspendió por otro año, hasta el próximo 31 de diciembre, las disposiciones del decreto 814/2001, referidas a las contribuciones patronales de los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial.
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La medida se adoptó mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 275, publicado hoy en el Boletín Oficial.
Según se recuerda en los fundamentos del DNU, la ley 24.241 -de creación del sistema de jubilación privada en 1993- dispuso que todos los empleadores privados contribuyeran, para la jubilación del personal con relación de dependencia, con un aporte equivalente 16% (luego elevado en un punto) del haber remuneratorio de la nómina del establecimiento.
Por diferentes decretos desde 2001, sin embargo, se suspendió la aplicación de las contribuciones para los establecimientos educacionales privados, toda vez que no podían computar el aporte como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado.
Tal situación, se consideró, colisiona con los objetivos planteados originalmente, de establecer el crecimiento sostenido, la competitividad y el aumento del empleo, mediante la reducción de los costos disminuyendo la presión sobre la nómina salarial.
Además, la aplicación del decreto generaría "un incremento en las partidas presupuestarias provinciales afectadas a los aportes estatales", en momentos en que realizan "ingentes esfuerzos por incrementar los recursos asignados a educación, según las demandas de la Ley de Financiamiento Educativo y por mantener el equilibrio fiscal".
El DNU sostiene que la aplicación del decreto de 2001 provocaría un aumento en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos brindados en instituciones, cuyo personal no está totalmente alcanzado por el aporte estatal, "impacto que es mayor en aquellas regiones menos favorecidas del país".
Tal situación, concluye la medida, podría ocasionar "un detrimento en la calidad educativa" e "impactar en el nivel de empleo en este sector, lo que agravaría la situación económica y social actual producida por la crisis financiera mundial y de la que el Gobierno Nacional procura evitar sus mayores riesgos".
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