Guzmán va por la hazaña: quebrar la grieta y que Cambiemos apoye el acuerdo

El ministro de Economía se impuso una meta difícil, pero no imposible. Quiere que el acuerdo con el organismo se convierta en política de Estado. Por eso buscará que la "Carta de Intención" pase por el Congreso y tenga fuerza de ley.

Gobierno de la Provincia del Chaco.

Martín Guzmán se impuso una meta difícil, pero no imposible. El ministro de Economía quiere lograr que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se convierta en política de Estado. Si bien no fue un requerimiento particular de la conducción del organismo que maneja Kristalina Georgieva, Guzmán quiere que el acuerdo que negocia personalmente con Washington tenga esa fuerza política. Por esto buscará que el contenido de la “Carta de Intención” al que se llegue cuando terminen las negociaciones pase por el Congreso Nacional y tenga fuerza de ley. Pero intentará algo aún más importante y superador. E inédito para la historia de la tan complicada economía argentina. Que el acuerdo sea aprobado también por la oposición. Incluyendo a Juntos por el Cambio. Descartando que contará con los bloques del oficialismo y de los habitualmente aliados, Guzmán buscará personalmente el apoyo crítico de los opositores radicales y macristas; intentando lo imposible en estos tiempos: saltar la grieta. Y conseguir así la seriedad suficiente ante el mundo financiero, para que los mercados se convenzan de que hay una nueva realidad y de largo plazo para que cuando llegue la hora dentro de cuatro años esté la posibilidad de conseguir financiamiento para poder cumplir con los pagos a los que el país se comprometa.

Para lograr este apoyo político, Guzmán se puso la misión al hombro y ya emprendió una cruzada personal. Lentamente pero sin pausa el ministro está contactando a los referentes del oficialismo y la oposición de todo el país, para explicar el acuerdo que está negociando con el FMI. Sabe el titular del Palacio de Hacienda, que es en las gobernaciones donde puede encontrar la primer e indispensable masa crítica; incluyendo a la oposición. Esta semana, por ejemplo, visitó La Pampa, expuso en la Universidad Nacional provincial, y mantuvo contactos directos con la conducción ejecutiva y la oposición. Una especial buena imagen le generó el contacto con representantes del radicalismo pampeano, con los que Guzmán interactuó de manera más que civilizada; toda una novedad optimista en tiempos de grietas embrutecedoras. El buen talante del viaje provocó que en los planes del ministro se organicen experiencias similares; en búsqueda del apoyo legislativo necesario. La intención es darle al tratamiento legislativo del acuerdo con el FMI, la seriedad necesaria como para que el debate se mantenga en los niveles técnicos estructurales de largo plazo; y no salte a la belicosa arena partidista.

Guzmán está convencido que su meta es posible. Hay un antecedente. El ministro logró el 5 de agosto del 2020, que el Congreso convirtiera en ley la oferta a los acreedores de la deuda externa emitida bajo legislación local; con una amplia mayoría de 247 votos a favor y sólo dos negativos. Ese día, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, dijo que el acuerdo anunciado esta madrugada por el Gobierno nos “permite alejarnos del default” y “esto mejora el acceso al financiamiento de Nación, Provincias y sector privado” y que “el acuerdo nos demuestra que había un problema de liquidez, porque la quita de capital es chica, pero se gana mucho tiempo de plazo”.

El argumento de Guzmán para intentar convencer a la oposición de apoyar la ley y convertir el acuerdo en una Política de Estado es simple, serio y con fundamentos. El acuerdo se firmaría por 10 años; con lo cual, si se rubricara en el primer semestre del año terminaría su vida útil en el segundo semestre del 2031. Si se cumpliera la premisa de comenzar a pagar en 2025, la actual gestión de Alberto Fernández no tendría dólares que liquidar; con lo que el primer pago sería responsabilidad del próximo presidente. Pero como además sería un plan de pagos que llegaría a la gestión que suceda a la que suceda a la actual de Alberto Fernández, hay altas posibilidades de un cambio en el signo político. Con lo cual, y teniendo en cuenta que el acuerdo político entre el radicalismo y el macrismo tiene posibilidades políticas y republicanas de llegar al poder en la próxima o la posterior presidencia, siempre debería cumplir con el plan de pagos con el FMI que actualmente se negocia con el organismo financiero internacional. Le daría entonces seriedad y previsibilidad, que los que eventualmente tengan responsabilidades de gestión futura; se comprometan a que lo cumplirán. Se trata de algo común y normal en todo el mundo. Pero en la Argentina de la grieta, sería una situación extraordinaria; que sorprendería (para bien) no sólo a los mercados locales, sino a los grandes operadores financieros internacionales.

Ayer el ministro ratificó que el límite temporal del acuerdo es en mayo. Ese mes Argentina debe cumplir con el Club de Paris y pagar unos u$s2.300 millones; si no quiere caer en default con ese organismo. La intención es que las negociaciones, y la ley, ya estén cerradas para ese momento; y que las discusiones por las deudas múltiples que acumula el país estén concluyéndose.