12 de septiembre 2005 - 00:00

Más intervención del Estado

El gobierno sigue aumentando día a día su intervención en la economía. Es conocida esta vocación oficial con los casos del servicio de trenes, nuevas experiencias con las líneas aéreas, el correo y la creación de ENARSA, la petrolera estatal. No era lo que se buscaba inicialmente, pero con Aguas Argentinas todo apunta a que se alargará esa lista. Es un golpe para el ministro Julio De Vido, quien estaba a cargo de la negociación y que por su fracaso abandonó el bajo perfil que mantenía para justificar la retirada del grupo francés Suez. Reprivatizar la empresa no será fácil. Baja rentabilidad del sector y necesidad de inversiones son las primeras trabas. Recuérdese que se prometió privatizar el Correo «a los 180 días». Nunca se hizo. A esto se suman medidas económicas con el mismo perfil. A los intentos de controlar vía «acuerdos» precios como el de la carne, se suman subsidios. Es positivo el fin de permitir que más personas puedan acceder a un crédito hipotecario. Pero la clave pasa por cómo se lo instrumente. Sólo trascendió la orden de Néstor Kirchner de que la tasa en pesos baje de 11% anual a 6%-7%.

Julio De Vido
Julio De Vido
El gobierno dijo que reprivatizará Aguas Argentinas si el accionista controlante de la empresa, el grupo francés Suez, concreta su anuncio de retirarse de la concesión. En ese sentido, el ministro de Planificación, Julio De Vido, aseguró que no se reestatizará ni se dará el control al sindicato, pero se abren serias dudas sobre estas intenciones.

Varios observadores advirtieron que no es fácil que el gobierno logre interesados para un servicio que exige fuertes inversiones, tiene una operatoria delicada en lo que se refiere a calidad del agua y manejo de las napas, en tanto la prestación se debe extender cada vez más hacia los sectores menos pudientes de la población, lo que obliga a acotar tarifas y rentabilidad y a contar con subvención estatal ( hecho que limita la gestión empresaria).

Además de estas limitaciones, es difícil ver al actual gobierno en un debate en el que se lo acuse de «privatizador» o de otorgar subsidios a una empresa privada, sea nacional o extranjera.

De hecho, esas mismas circunstancias dificultaron el acuerdo con el grupo francés Suez, aunque en el último momento el elemento desencadenante habría sido la resistencia del presidente Néstor Kirchner a anunciar un aumento de tarifas antes de las elecciones, si bien el ajuste iba a regir en 2006.

También es cierto que el gobierno parece más proclive a las reestatizaciones. Cuando se rescindió el contrato al grupo Macri, se anunció que el Correo se volvería a privatizar en 180 días y después de un año de postergaciones, se decidió que no se volvería a licitar. Algo similar está ocurriendo con el ferrocarril San Martín de pasajeros, cuya concesión también se rescindió con la promesa de que se volvería a privatizar.

Por último, el Estado viene explorando sin éxito desde hace por lo menos un año la posibilidad de que un empresario nacional se asocie con Suez y Aguas de Barcelona (Agbar) en Aguas Argentinas. También los franceses recorrieron ese camino y no encontraron interesados.

• Afinidad

Se afirma que quien estuvo más cerca fue el banquero Jorge Britos, pero no hubo resultados. Un enviado de De Vido a España, Lisandro Sala, habría intentando incluso que Agbar tomara el control de la empresa local, pero recibió una negativa. La empresa catalana tiene afinidad societaria con Suez, porque su controlante es Hisusa, en la que Suez tiene 51% y La Caixa 49%.

Sería raro que alguien aparezca ahora, aunque dentro del gobierno se cree, en principio, que lo menos traumático sería que Suez transfiriera la concesión a otra compañía. La idea es que si eso ocurriera,los franceses bajarían el juicio contra el Estado nacional en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial.

Por eso es previsible que en los próximos meses el gobierno presione a empresas locales para que lleguen a un acuerdo con Suez y se hagan cargo de Aguas Argentinas. La complicada relación entre el gobierno y Aguas Argentinas pareció entrar en un punto de no retorno el 26 de julio, cuando, ateniéndose a la letra del contrato, la empresa emplazó al Estado para que en el término de 30 días hábiles restablezca la ecuación económico-financiera de la concesión.

Después, presumiblemente tras una gestión de la Embajada de Francia y la Cancillería argentina, las negociaciones entre Suez y la unidad de renegociación se retomaron.
Sin embargo, Aguas Argentinas no reconoció mediante un comunicado oficial esas gestiones, por lo cual el emplazamiento siguió corriendo.

En función de ese primer paso hacia la salida, Suez dijo el viernes que propondrá al directorio de Aguas Argentinas, que tiene previsto reunirse el lunes 19, «examinar una moción con el propósito de iniciar el proceso de salida de la concesión». El 22 de esa misma semana, una asamblea de accionistas deberá ratificar la decisión del directorio y posiblemente fijar la fecha para devolver la concesión, lo que no podrá ser antes de los 90 días, según el contrato.

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