Metas previstas

DISPOSICIONES SOBRE GASTOS

• Las universidades nacionales tienen asignados $ 2.243.252.398 a distribuir en todo el país.

• Se convalidan todas las operaciones realizadas por los fondos fiduciarios que corresponden al manejo del Estado nacional. El jefe de Gabinete deberá rendir cuentas al Congreso trimestralmente sobre el uso de esos fiduciarios.

• Se destinan, por un plazo de 11 años, $ 149.253.000 para promover la construcción de buques por el sistema de leasing con una inversión total por parte de la industria naval de $ 741.000.000. Con estos fondos se pone en marcha el proyecto de construcción de submarinos lanzado por Néstor Kirchner en la reapertura de los astilleros Domecq-García y la reparación de buques venezolanos, acordada por el Presidente con Hugo Chávez en los astilleros Río Santiago.

• Se autoriza al Ministerio de Economía a otorgar préstamos para financiar la terminación de la represa de Yacyretá, de acuerdo con el presupuesto que presente el Ente Binacional.

DISPOSICIONES SOBRE RECURSOS

• Se fija en $ 4.068.000 la tasa que abonan los licenciatarios relacionados con la actividad nuclear.

• Se reduce medio punto, a 0,45%, la tasa que se aplica sobre importaciones y que se destina al financiamiento del INTA.

• Se limita a 1,90% el porcentaje de la recaudación -neto de reembolsos y recursos de la Aduana-que se destina al financiamiento de la AFIP. En 2002 esa tasa fue de 2,75%. . Todos los fondos obtenidos por la venta de tierras estatales se destinará al Ministerio de Desarrollo Social.

CANCELACION DE DEUDAS PREVISIONALES

• Se fija un limite $ 110.000.000 para el pago de sentencias judiciales que sean consecuencia de ajustes retroactivos en haberes provisionales $ 10.000.000 para pago de deudas consolidadas. Pero esas cancelaciones están supeditadas a la disponibilidad de recursos. Se fijan otros $ 3.000.000 para pagos provisionales a jubilados y pensionados del Poder Judicial.

• No existirán límites cuando el beneficiario fuera mayor de 80 años o tuviese una enfermedad grave.

• Se disponen otros $ 117.751.000 para el pago de sentencias judiciales por retroactivos a retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad.

PENSIONES GRACIABLES

• Son las que otorgaba el Congreso y aún otorgan algunas dependencias del Estado en situaciones especiales sin necesidad de contar con aportes previos.

• Se prorrogan por 10 años todas las pensiones que caduquen en 2005, salvo las que fueron otorgadas por el Congreso en las distintas leyes de presupuesto. En este último caso, para la renovación el beneficiario deberá probar que: no es propietario de un inmueble con valuación fiscal superior a $ 60.000, que no es pariente hasta cuarto grado sanguíneo de un legislador y que no tiene otros beneficios que, en total, superen dos jubilaciones mínimas. Esas pensiones se mantienen con un límite de $ 300.

• Se destinan $ 235.000.000 en 2005 para financiar el Fondo Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo.

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

• Se dispone, al igual que en 2004, el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública que fue contraída antes de la declaración de default, hasta que concluya el proceso de reestructuración de deuda. De esta forma, el gobierno cubre el vacío legal que produce el no contar todavía con los fondos que será necesario aplicar al pago de esa deuda.

• Quedan afuera de esa postergación los bonos emitidos por los decretos de noviembre de 2001, abril de 2002 y enero de 2003, los Bonos de Consolidación de Deudas Provisionales que no fueron vendidos por los tenedores originales, de sus herederos por cuestiones forzosas, o que tengan más de 75 años de edad o riesgo en su salud.

• Se posterga todo pago de deudas del gobierno nacional que fueron contraídas antes del 31 de diciembre de 2001.

• Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a continuar con el proceso de renegociación de la deuda en default en poder de fondos o inversores.

• Se autoriza la emisión de Bonos de Consolidación por $ 2.000 mil millones para el pago de obligaciones emergentes del saneamiento de deuda con provincias.

• El gobierno vuelve a pedirle al Congreso -algo que fue negado en el Presupuesto 2004- la ratificación del decretos 214 de 2002 que dispuso la pesificación de todas las deudas y ratificó el «corralito» financiero.