Se complica aun más la situación de Multicanal: dos grupos que vienen peleando contra la intención de la empresa de cable del monopolio «Clarín» de renegociar su deuda (en condiciones leoninas contra los acreedores) unirán sus esfuerzos para intentar deshacer el APE (acuerdo preventivo extrajudicial). Se trata de Damnificados 2002, que ya logró medidas judiciales contra Multicanal, y del fondo buitre que encabeza el inversor estadounidense William Huff. Para esto, se reunirán representantes de ambos grupos, este mediodía, en el estudio de uno de los abogados de Huff.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Según fuentes del mercado, este fondo tendría ya cerca de u$s 150 millones en obligaciones negociables de Multicanal, lo que representa alrededor de 30% del total de esos papeles. Por su parte, la tenencia de Damnificados... rondaría los u$s 10 millones en total, pero su fuerza está en que nuclea a cerca de 200 acreedores. ¿Por qué son importantes estas cifras? Porque para que Multicanal obtenga la homologación de su APE debe conseguir la aprobación de 51% de los acreedores, que a su vez representen 67% del total de la deuda. Por eso, el buitre necesita al «chiquitaje» y viceversa. Así y todo, todavía les falta un camino largo por recorrer: se calcula que hay unos 10.000 acreedores.
De todos modos, si bien los intereses inmediatos de ambos grupos coinciden en la coyuntura, en el largo plazo sus intenciones son muy diferentes. Damnificados..., conformado básicamente por pequeños y medianos ahorristas que adquirieron en su momento bonos emitidos por Multicanal (y otras empresas), sólo pretende recuperar su inversión «in toto», o sea 100% del capital más los intereses devengados.
En cambio, el fondo de Huff apuntaría a quedarse con la propiedad y el manejo de Multicanal, lo que constituiría, además, la primera prueba que debería atravesar la denominada ley «Clarín» (aquella que prohíbe que inversores del exterior recuperen sus acreencias sobre empresas de medios de comunicación ejecutando las garantías y quedándose con las acciones de la deudora). En efecto, dada la imposibilidad de que un fondo con sede en Nueva York se haga del capital accionario de Multicanal, en el mercado se rumorea que Huff y su gente podrían «transferir» sus acreencias a personas físicas y jurídicas con domicilio en la Argentina para eludir los efectos de la legislación.
Por ahora, Multicanal ofreció el rescate de parte de sus ON al contado, con una quita de casi 70%; la otra alternativa es la de un bono Par, pero quien lo tome deberá resignar cerca de 25% de su acreencia, porque no se pagarán los intereses devengados en los últimos 30 meses.
En tanto, los abogados de Damnificados... presentaron el viernes un escrito ante el juez Fernando Ottolenghi, que entiende en la propuesta de APE efectuada por Multicanal, en el que califican de «insólito» y «nunca visto en un APE: concretar una asamblea de acreedores en el marco de una convocatoria judicial, ya de por sí algo sin antecedentes». El escrito, firmado por el estudio Luchinsky, Prato, Rossjanki & Asociados, agrega que dicha convocatoria podría tener «efectos ajenos aún para una convocatoria de acreedores: las mayorías para un acuerdo podrán alcanzarse simplemente con los acreedores presentes, sin importar cuánto capital representan; los que no concurran o no voten harán que su capital tampoco se compute para obtener las mayorías que convaliden la licuación buscada por Multicanal». Desde ya, la resolución de Ottolenghi favorece la intención del holding que dirige Héctor Magnetto de obtener una rápida convalidación de su propuesta extrajudicial, neutralizando la acción de sus acreedores disconformes y además la «fuerza» que podrían hacerle fondos como el de Huff en caso de ser verdad que han acumulado porciones más que significativas de la deuda total de Multicanal, que para estas horas ya superaría los u$s 1.000 millones.
Recordemos que a Multicanal, del monopolio «Clarín», le había puesto una fuerte multa la Comisión de Defensa de la Competencia por fraude a abonados. Se la revocó la conocida «Sala B», de Penal Económico. La forman Marcos Grabiker, Roberto Hornos y Carlos Pizzateli. Marcos Grabiker publica como columnista sólo en «Clarín» y siempre usó con parcialidad esa sala para quedar bien con ese diario. Nunca, por caso, dejó pasar un fallo de Defensa de la Competencia. Famoso fue el caso probado de monopolio por exigir exclusividades en publicidad o sanción monetaria si también usaban otros diarios.
Dejá tu comentario