Nueva pelea; anulan contrato por u$s 32 millones en Yacyretá

Julio De Vido (ayer en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno junto a Néstor Kirchner y los ministros Carlos Tomada y Ginés González García) estudia anunciar el lunes la voluntad de rescindir un polémico contrato firmado por su gobierno con una consultora de la obra compartida con Paraguay en Yacyretá.

El gobierno abrirá en las próximas horas un nuevo frente de pelea externo cuando anuncie la voluntad de rescindir un contrato de consultoría que firmó el ente binacional Yacyretá por u$s 32 millones. Ese compromiso lo tomó este mismo gobierno, pero con la administración del ente que cesó en julio pasado y que Néstor Kirchner heredó de Eduardo Duhalde.

El anuncio de la rescisión lo hará Julio De Vido el lunes, acompañado del ministro de Obras Públicas del Paraguay, José Alberto Alderete, quien estará en Buenos Aires para pedir, además, que se conecten dos de las turbinas de Yacyretá directamente al sistema de su país para aliviar la amenaza de cortes de energía eléctrica que también sufren por allá.

El contrato de consultoría fue firmado por el ente binacional que administra la presa de Yacyretá con la consultora Cidy ( Consorcios Internacionales de Yacyretá) para aconsejar en la finalización de las obras de relocalización de algunas zonas pobladas de Posadas que fueron, o serán, inundadas por el llenado de la presa. Cidy es, en realidad, el socio argentino de la consultora internacional Harsa que asesoró la construcción de la represa desde el anteproyecto y ha acompañado todo el proceso hasta la actualidad.

• Compromiso

Como se avecina el final de la obra, complicado por un reclamo de la constructora (la italiana Eriday, ex grupo Agnelli, hoy dirigida por el ex canciller Cesare de Romiti) por mayores costos, que superan los u$s 1.500 millones, la anterior administración firmó un compromiso para asesorar en ese último tramo por un monto de u$s 32 millones, pagaderos en cómodas cuotas mensuales de u$s 850 mil.

Según el análisis que le hizo llegar De Vido a su colega paraguayo Alderete, ese contrato le parece caro, difícil de pagar porque el ente está escaso de fondos y con problemas hasta para abonar los salarios, no tiene un objeto preciso y debió, además, llamarse a licitación para adjudicarlo.

Alderete aceptó esos argumentos que se usarán la semana que viene para anunciar la rescisión con conocimiento de causa: antes de asumir como ministro de Obras Públicas del presidente Nicanor Duarte Frutos, fue director del ente binacional en representación de su país y aprobó en tal calidad el contrato objetado.

La idea de revisar el compromiso la llevó adelante De Vido, aconsejado por el abogado mendocino Efraín Quevedo Mendoza, bajo cuyas gafas pasan todos los papeles del Ministerio de Obras Públicas. Se enteró de que existía cuando llegó el momento, en agosto, de oblar la primera cuota del contrato.

El ministro pidió las razones para tamaño pago al director que le responde en el ente, el ingeniero Daniel Muguerza, quien reemplazó en el recambio de julio pasado al ruckaufista Angel Santángelo.

Del examen que hicieron tantos expertos surgió la conveniencia de revisar el compromiso y dar un ejemplo de transparencia en la administración. En la comunicación de la voluntad de rescindir el contrato se ofrecerá a la consultora Cidy suspender formalmente el compromiso, revisar el monto y el objeto, y acordar alguna forma más barata de recibir ese asesoramiento.

Los abogados del Ministerio de Infraestructura entienden que alguna utilidad tendría no pelearse con esos consultores que guardan los planos originales de la obras y todas sus certificaciones, algunas de las cuales sirven de prueba en el arbitraje a que se somete, bajo el Tribunal de la Cámara de Comercio de París, el reclamo de la constructora por mayores costos.

Si la rescisión fuera enojosa, los representantes de Eriday, que reclama más de u$s 1.500 millones a la Argentina y el Paraguay, festejarían la descalificación de las pruebas producidas por la consultora y que se usan para rechazar esa pretensión. No faltan entre esos asesores del gobierno quienes creen, en su infinita suspicacia, que esta rencilla es un ardid de la contraparte en el arbitraje por esos mayores costos para voltear la ingeniería probatoria de la parte argentina.

• Invitación

Por eso el anuncio de la voluntad de rescindir será acompañada de una invitación a la consultora de renegociar, recordando: 1) que la Cidy sabe mucho de Yacyretá y puede ser útil en este último tramo; 2) que esa consultora y su asociada Harsa llevan cobrados desde el comienzo de la obra unos u$s 700 millones, casi la mitad del costo total de la construcción. Es decir, otra enormidad; 3) que en el contrato firmado se prevé mandar a un arbitraje cualquier malentendido o disidencia, con lo cual se quiere desalentar la reacción clásica de todo contratista de llevar al Estado a juicio en la confianza de que siempre se le termina ganando.

Por eso el anuncio de la voluntad de rescindir el contrato no mencionará presunción alguna de irregularidad o corrupción como una manera de no debilitar los aportes que esa consultora ha hecho a la defensa que enfrenta a constructores con propietarios de la obra.

Omitir esos extremos amortiguaría también el efecto interno de esta rescisión, ya que el intríngulis tiene también su miga política. No sólo el actual ministro paraguayo Alderete autorizó este contrato cuando era directivo de Yacyretá. También lo hicieron los directores por la parte argentina que datan de la era Duhalde, Raúl Nocetti (ala Fellner del PJ), Mirta Monti (duhaldista que acompañó en la jefatura de Gabinete a Alfredo Atanasof) y el correntino Jorge Romero (ligado al neokirchnerismo de su provincia) y, claro, el ex director ejecutivo Humberto Schiavoni. Este respondía al ex presidente Ramón Puerta y fue reemplazado por el delegado de Carlos Rovira -re-electo gobernador de Misiones- Oscar Alfredo Thomas, que es arquitecto, como De Vido.