Cinco entidades de la sociedad civil cuestionaron el programa económico acordado entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtieron sobre sus consecuencias sociales, económicas y ambientales. En un informe presentado durante el debate del Presupuesto 2027, señalaron que el equilibrio fiscal convive con una fuerte dependencia del financiamiento externo, recortes en políticas públicas y dificultades para acumular reservas. También alertaron sobre posibles incumplimientos de compromisos internacionales en materia de derechos humanos y cambio climático.
Organizaciones cuestionan el acuerdo con el FMI por su impacto social y ambiental
Un informe presentado por cinco entidades analiza las consecuencias del plan económico en la producción y la estabilidad del país. Además, advierte sobre posibles incumplimientos de compromisos internacionales en materia de derechos humanos y acción climática.
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Crecen las críticas al programa con el FMI por sus efectos sociales y ambientales.
El documento, titulado “Sostenibilidad de la deuda y el rol del FMI: lo que no se dice de la crisis argentina”, fue elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), Recourse, el Equipo Transiciones y el Center for Economic and Social Rights, en la previa de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial.
Francisco Cantamutto, economista e integrante del ETFE, sostuvo que el organismo internacional debería revisar su respaldo al programa argentino: “El FMI debería revisar su apoyo al programa actual en la Argentina, pues incluso considerando que ha tenido algunos logros en materia de estabilización, presenta un muy elevado costo en materia de derechos humanos para la población”. También señaló que el país continúa dependiendo de préstamos vinculados con decisiones políticas para financiarse.
La dependencia del financiamiento externo
Uno de los ejes del informe es la fragilidad de las reservas internacionales. Entre enero y julio de 2026, Argentina registró un superávit comercial de bienes de u$s20.073 millones. Sin embargo, las organizaciones indicaron que esos ingresos se destinan a cubrir pagos de intereses, gastos en turismo, utilidades y compra de activos en el exterior. Según el documento, esta última operación se triplicó desde abril de 2025.
Las entidades sostienen que, sin los desembolsos del FMI, el país no habría logrado una acumulación neta de reservas. Esta situación, advierten, aumenta la exposición ante crisis externas y fenómenos climáticos extremos, como sequías e inundaciones.
El análisis también cuestiona la composición del superávit fiscal. De acuerdo con las organizaciones, el resultado se explica principalmente por recortes del gasto público y una reducción de los ingresos tributarios, en lugar de un crecimiento sostenido de la recaudación. Entre las áreas afectadas mencionan las jubilaciones, la salud, las políticas sociales, el ambiente y la obra pública.
El impacto en los hogares y el ambiente
El informe vincula el rumbo económico con el deterioro de las condiciones de vida. Según los datos citados, el desempleo llegó al 7,9%, el salario mínimo perdió un 40,8% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023 y la pobreza alcanzó el 32,3%. Además, advierte sobre el aumento de la morosidad y las dificultades de las familias para afrontar sus deudas.
En materia productiva, las entidades cuestionan el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que favorece la expansión de la minería y los hidrocarburos sin generar una cantidad proporcional de puestos de trabajo. El documento señala que el 99% de los u$s138.000 millones comprometidos bajo ese régimen corresponde a proyectos de esos sectores, que crearían unos 14.240 empleos directos.
Además, las organizaciones alertaron sobre el recorte de recursos destinados a políticas ambientales en el proyecto de Presupuesto 2027. Según el informe, la Subsecretaría de Ambiente tendría un presupuesto real un 84,3% menor que en 2023, mientras que los fondos para conservar los bosques nativos quedarían muy por debajo de lo establecido por ley.
Las cinco entidades pidieron al FMI revisar el programa y evaluar la sostenibilidad de la deuda no solo desde las variables financieras, sino también a partir de sus consecuencias sociales, ambientales e institucionales.
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