Otra de Moyano: dice que no puede contener a CGT

Economía

Entre el simulacro y la admisión de su debilidad post-San Vicente, Hugo Moyano le avisó ayer a Néstor Kirchner que la CGT no fijará ninguna pauta para la negociación salarial, sino que promoverá «paritarias libres» para que cada gremio, por actividad y sector, desarrolle discusiones individuales y «sin piso ni techo». Podrá presumirse, con cierto margen de acierto, que todo forma parte de una puesta en escena: que Moyano amaga con liberar el tema salarial para obtener algún beneficio, por ejemplo, lugares en las listas electorales de este año. Pero algo es real: la CGT está partida en tres y Moyano está lejos de dominarla en plenitud. Si es así, ¿Kirchner sostiene, a pesar de todo, a un socio que no le resulta útil? Eso parece, al punto que prometió subir el mínimo no imponible en Ganancias, con lo que aplicaría una suba salarial encubierta a partir de resignar recaudación.

A solas, con extremo hermetismo, Néstor Kirchner recibió ayer por 40 minutos al jefe de la CGT, Hugo Moyano, en la Casa Rosada. Lo dialogado trascendió a cuentagotas y proyecta tensiones en un rubro que el gobierno ausculta con atención: la negociación salarial.

No hubo precisiones sobre cifras. Al contrario, el planteo que el patagónico escuchó de boca del cacique gremial fue que la consigna de la CGT es habilitar «paritarias libres». En criollo, implica dejar que cada gremio encare la mejor negociación posible.

A simple vista, para el gobierno supone un riesgo cierto. «Sin piso ni techo», como dicen en las oficinas de Azopardo, la discusión podría desmadrarsee impactar más de lo esperado sobre los costos y, luego, extender su efecto dominó, sobre la inflación.

Marca una diferencia respecto de 2006 cuando con 19% que negoció para Camioneros, Moyano fijó una pauta testigo para los demás gremios. Pero en 2007 ese escenario parece definitivamente improbable. Al gobierno le gustaría una remake, pero conoce la dificultad.

  • Asuntos paralelos

    Un factor político, ligado a la debilidad de Moyano poscaos de San Vicente, y otro económico, referido a la rentabilidad variable que presenta cada actividad, atentan contra ese modelo. De allí, que Moyano martille con la hipótesis de « paritarias libres».

    Son dos asuntos paralelos que ligados enturbian la pretensión de la Casa Rosada de encorsetar la discusión salarial. A fin de año, hablaban de 13% o, como mucho, 15%. El grueso de las negociaciones, en marcha o por comenzar, están por encima de esas fronteras.

    Lo político y lo económico, enlazados, lo explican:

  • Con la CGT partida en tres -el moyanismo, «los Gordos» y el sector que responde a Luis Barrionuevo-, el camionero no puede garantizar una acuerdo salarial uniforme. De hecho, como muestra de su rebeldía, Luz y Fuerza de Oscar Lezcano, reclama un aumento de 35%, casi el triple de 13% que el gobierno pretendía que Moyano respalde. Los rivales desobedecen aquella pauta, pero también los aliados se plantan por encima del parámetro oficial. Por caso, en febrero, La Fraternidad se sentará con los empresarios y pedirá una suba de 20%, lo mismo que negocian por estas horas los colectiveros de la UTA con las compañías de larga distancia. La síntesis es una: Moyano no puede negociar por los demás jefes gremiales, ni siquiera sus aliados. «La CGT -explican a su lado, quienes lo sostienensólo discute sobre el salario mínimo, las paritarias las debaten cada gremio».

  • El planteo de UTA alimenta, a su vez, el otro elemento que traba una pauta general para la discusión y responde a la diferente rentabilidad de las actividades y, dentro de éstas, los sectores. Caso: en larga distancia, una suba de 20% podría ser absorbida -porque se incrementó en ese orden la cantidad de pasajeros-mientras que no sería posible para las líneas de colectivos urbanas y suburbanas. Tampoco, explican los gremios, se puede comparar el sector automotor con los rurales. Otro ejemplo: UATRE logró hace días una suba de 21% para cosecheros de fruta de Río Negro, pero ese porcentaje llevado a otros sectores, como SMATA o portuarios, implicaría subas de 400 o hasta 600 pesos. De allí que cada caso se movería con parámetros propios, según la explicación técnica -que oculta su debilidad política-a la que recurre Moyano.

    Frente a ese panorama, Kirchner prometió lo que este diario anticipó la semana pasada: que evalúa elevar el mínimo no imponible lo que, en los hechos, equivaldría a una suba salarial indirecta que pagaría el Estado al resignar recaudación.

    En marzo, cuando se retome la actividad legislativa formal -hay extraordinarias en febrero con agenda cerrada-, el gobierno impulsaría la discusión para modificar esos límites.

    Kirchner puede, de todos modos, recurrir a los superpoderes y resolverlo por decreto.
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