En su afán por sumar afiliados, la Federación de Trabajadores Camioneros liderada por Hugo Moyano ha hecho un método de las presiones violentas, como bloqueos a las fábricas. Así, ha logrado «acuerdos», que curiosamente tienen aspectos de responsabilidad social empresaria, que las empresas guardan en absoluta reserva y que establecen cláusulas que incluyen desde importantes cifras de dinero hasta vestuarios y baños para los choferes de las empresas que brindan servicios de transporte. Grandes empresas como Cargill, Molinos Río de la Plata, Aguas Danone, Loma Negra o Nidera, entre otras, ya tuvieron que rubricar convenios con el sindicato de Camioneros.
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«Las empresas nos proveen un listado de los transportistas con los que operan. Por ejemplo, en Cargill ingresan miles de camiones trayendo granos, y nosotros denunciamos a las empresas que están en negro, o no están encuadradas en el sindicato», explica el dirigente gremial Pablo Moyano.
El mecanismo consiste en que la compañía debe entregar al sindicato, en el término de 60 días, el listado de todos sus transportistas. El gremio es el que se encarga de denunciar a las que estando inscriptas no cumplen con sus obligaciones y a las que trabajan en negro. El control también se centra en obligar a los contratistas a pagar la totalidad del salario en blanco. «Sabemos que hay empresas que dibujan los recibos de sueldos, y nosotros logramos que los choferes tengan el salario de convenio que, por ejemplo, para un chofer de larga distancia está entre 4.000 y 5.000 pesos mensuales», señala el dirigente sindical. El universo al que apunta Moyano consiste básicamente en pequeñas y medianas empresas que tienen severas dificultades para hacer frente al blanqueo y la regularización de aportes de su personal. Aquí es donde aparece la «responsabilidad social empresaria»: las grandes firmas se hacen cargo de los fondos que necesitan sus contratistas tercerizados para ponerse al día con sus obligaciones.
Montos variables
Los montos que las compañías deben pagar son variables, ya que dependen de la cantidad de contratistas que tengan y del nivel de evasión, pero, para tener una idea, ya se celebraron convenios con pagos al contado superiores a los $ 500.000. «En Aguas Danone se firmó un acuerdo donde todas las distribuidoras tienen que estar encuadradas en el gremio de camioneros», explica Moyano hijo. De acuerdo con la cláusula primera del convenio establecido entre Aguas Danone de Argentina y el sindicato, « ambas partes manifiestan como objetivo combatir el trabajo no registrado... Todo ello respecto de las empresas que presten servicios de transporte de cargas -en forma directa y/o indirectapara Aguas Danone de Argentina SA incluso a sus concesionarios y distribuidores y/o a quienes éstos contraten o subcontraten...». Las empresas que suscriben estos acuerdos con el gremio exigen a las tercerizadas un certificado de libre deuda que acredite que no deben aportes previsionales ni sindicales, requisito excluyente para el ingreso al establecimiento. Cuando se constatan los incumplimientos, las empresas que suscriben estos convenios aportan los fondos para lograr la regularización de sus proveedores. Así, Aguas Danone, por ejemplo, en la cláusula sexta del mismo convenio, acordó «el pago de la suma no remunerativa de $ 3.000 (tres mil pesos) a cada uno de los trabajadores (choferes y ayudantes) que trabajan para las empresas referidas en la cláusula primera, involucradas en el presente convenio, en concepto de diferencias salariales».
Resulta llamativo que los grandes gremios no sean más enérgicos en el combate del empleo en negro. Los beneficios son claros: se obtienen muchos más agremiados y aportes. Los hechos muestran que sindicatos otrora poderosos como Empleados de Comercios conducido por Armando Cavalieri fueron perdiendo posiciones ante Moyano. Mientras el Ministerio de Trabajo sigue pensando qué hacerles firmar a los empresarios en la carta «Compromiso para combatir el empleo en negro», Hugo Moyano avanza.
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