¿Quién medirá el PBI en caso de pagar cupón?: último debate con Bondholders

Los tenedores basan su reclamo en el juicio que Aurelius abrió en los tribunales de Loretta Preska. Para el Gobierno es una chicana más en medio de la negociación.

Antecedentes. En el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York de la jueza Loretta Preska hay una causa por la medición del PBI en 2013.

En caso de que el Gobierno acepte pagos extras a los bonistas a través de un cupón PBI o similar, ¿qué criterio de crecimiento de la economía se tomaría como válido? ¿El del INDEC (como ofrecerá Argentina), o el que surja de la eventual aplicación del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI)?. En parte, de la respuesta a esa pregunta depende la cercanía o lejanía de un acuerdo entre el país y el Exchange Bondholders, el grupo de bonistas que representa a los tenedores de títulos públicos emitidos bajo legislación internacional durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. La propuesta de aplicar un “endulzante” a través de un “premio” extra si Argentina crece más del 3% anual, fue lanzada por los acreedores como condición última para sellar el acuerdo con los negociadores de Martín Guzmán. El ministro de Economía ya transfirió el pedido a Olivos, donde Alberto Fernández tendrá la decisión final.

Sin embargo, si la respuesta presidencial es positiva, aún habrá un nuevo capítulo conflictivo. No económico, sino político: qué medición de crecimiento de la economía se toma como válida. El tema ya fue expuesto por los acreedores en las mesas de negociación confidenciales que comenzaron el sábado 23 de mayo y se profundizaron entre el 25 y el 26. Los bonistas quieren que sean los cálculos del FMI y no los del INDEC los que se validen como el gatillo de los eventuales pagos del cupón (o similar) de los futuros bonos que se emitan; siempre que las negociaciones tengan final feliz. Dicho de otro modo, los acreedores quieren que el país resigne parte de su soberanía institucional en la medición de variables macroeconómicas y que se acepten como oficiales para activar pagos financieros los del principal auditor de las cuentas públicas que tiene la Argentina y el mundo. Si bien desde el Gobierno no hay respuesta oficial, se descarta que la opción sería rechazada y que se insistirá en que los únicos números validos para negociar son los que se producen dentro del país.

Extraoficialmente, desde el Gobierno se reconoce que los acreedores piden esta cláusula para avanzar en un acuerdo final, pero se cree que es más un nuevo capítulo del gran póker que se está jugando con profesionales en estas batallas. Y que, llegado el momento, será una de los capítulos en el que los bonistas cederán, como para mostrar buena voluntad. Sin embargo, los Exchange Bondholders, parecen firmes hoy en su reclamo de recurrir al FMI como fiscalizador y “autoridad” del dato del crecimiento de la economía argentina, tal como ya adelantó este diario el lunes pasado. Los datos del Fondo vendrían luego de un acuerdo con la Argentina, para liquidar el saldo de los u$s44.800 millones del stand by suspendido; y cuya renegociación tiene turno asignado para luego de cerrado el acuerdo con los privados. El FMI, que no acepta quitas, exigirá la aplicación de un Artículo IV. Esto es la habilitación de misiones periódicas para verificar la marcha de las cuentas nacionales, lo que deriva luego en un sello de calidad sobre los números que publique un país. Se recuerda que entre 2006 y 2015 los datos sobre inflación no eran considerados válidos por el organismo. Ese nivel de “policía económica” es el que reclaman los Bondholders.

Sus argumentos suenan sólidos. La posición de presionar en este tema parte del juicio que mantienen contra la Argentina algunos de los acreedores que militan dentro de este grupo de acreedores. Se trata de la causa por la medición del Cupón PBI en 2013, que el fondo buitre Aurelius presentó (y logró abrir) en el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, argumentando que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se subestimó el crecimiento del país para no liquidar el cupón. El juicio avanzó en junio de 2019, luego de que Aurelius denunció al entonces ministro de Economía, Axel Kiciloff, de “mal desempeño”, planteo que la jueza Loretta Preska avaló iniciando una causa en la que, de terminar perdidoso, el país debería reconocerle a los bonistas unos u$s3.500 millones de base.

Esta causa podría convertirse para la Argentina en una verdadera bomba de tiempo financiera y fiscal si finalmente Preska determina que el fondo buitre Aurelius tiene razón en su reclamo. Esto sucedería si para la jueza de primera instancia se confirma que en 2013, durante la intervención del INDEC de Guillermo Moreno, hubo alteraciones en el cálculo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) para que el país se ahorre de liquidar unos u$s3.000 millones en 2014. Según la denuncia de Aurelius, el Gobierno alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año supere el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del cupón PBI. El INDEC calculó para ese año un crecimiento del 2,8%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”. Según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que pagar el Cupón PBI hubiera sido obligatorio. El demandante presentó ante Preska datos sobre el INDEC, con un sospechoso nivel de información interna que sólo puede haber sido obtenida (y calculada) con colaboración local. Curiosamente, la primer defensa del país en este caso fue la presentación que en julio del año pasado hizo el gobierno de Mauricio Macri, donde justificó la intervención morenista afirmando que “el Gobierno afirma que Argentina estaba en su derecho de modificar el año base”. Aurelius es un viejo conocido de la Argentina. Y de muchos países con destino de mal manejo de su deuda pública y privada. Es propiedad de Mark Brodsky, discípulo de Paul Singer y exempleado de Elliott, quien en algún momento en los inicios de la década pasada se independizó y abrió su propio bufete buitre. Si bien su mayor y más beneficioso negocio lo hizo con la Argentina y el “juicio del siglo”, se lo conoce por su inquietud de bucear por todo el mundo para encontrar oportunidades de negocios en Estados a punto de alcanzar el default o empresas importantes en dificultades. Por ejemplo, contra Puerto Rico en tiempos de su crisis económica y financiera, y contra Petrobras en medio de la causa por el “Lava Jato”. Como con el resto de los tenedores no se le conoce participación en ninguno de los tres grupos de bonistas que negocia la Argentina. Por ahora.