Perdió Lavagna ante De Vido

No habrá aumentos de tarifas en los servicios públicos, en ninguno de los componentes de la misma, ya sean regulados o desregulados (el gas y la energía eléctrica como materia prima).

La tarea central hoy es la revisión de toda la historia de cada contrato de concesión, incluidos el del Correo Argentino y el de Aeropuertos Argentina 2000, aunque éste último había sido renegociado por el gobierno de Eduardo Duhalde. Estas son las principales definiciones que dio ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido, en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Economía, Roberto Lavagna. Estas afirmaciones, un proyecto de ley que establece que el Congreso tendrá 60 días para expedirse sobre cada contrato renegociado, y un decreto que vuelve a crear la comisión que revisará las 61 concesiones, implican que el gobierno de Néstor Kirchner terminó de dirimir ayer la política hacia las empresas privatizadas.

Significan también una derrota evidente para Lavagna que hasta la semana pasada, volvió a insistir ante legisladores oficialistas en que el gobierno enviaría al Congreso un proyecto de ley para que el Ejecutivo recuperara la facultad de fijar tarifas. Con ese proyecto, el ministro aspiraba a autorizar aumentos antes de la revisión de los contratos, evitando el freno de la Justicia que en varias oportunidades dictaminó que los ajustes «a cuenta» vulneran la ley de emergencia económica que sólo prevé la renegociación de las concesiones.

Esta postura de Lavagna había sido de hecho cuestionada por De Vido cuando dijo en la primera semana de gobierno que «no habrá aumentos de tarifas hasta que se revisen los contratos». De entonces hasta ahora, la cuestión pareció quedar bajo laudo presidencial, aunque siempre se presumió que el ministro de Planificación planteó públicamente la posición que Kirchner ya tenía tomada.

De todas formas, parece apresurado inferir que la posición adoptada ayer por el gobierno significa que no habrá aumentos de tarifas en lo que resta del año, lo que crearía un virtual enfrentamiento con el Fondo Monetario por lo menos en este tema. Podría presumirse que si es cierta la intención de «acelerar al máximo los tiempos», expresada ayer por De Vido, y si el Parlamento apoya esa voluntad política, algunos contratos podrían estar revisados en dos o tres meses, y a partir de ahí se darían las condiciones para las subas.

Con todo, los tiempos serían muy ajustados porque además de la intervención del Congreso, los aumentos de tarifas serán debatidos en audiencia pública, probablemente después de que los legisladores aprueben la renegociación contractual.

Sin embargo, si hay una verdadera decisión de revisar los contratos, las privatizadas podrán no tener un aumento inmediato, pero se entiende que tras la renegociación, tendrán en el primer trimestre del año próximo un horizonte a largo plazo sobre su ecuación económica y su perspectiva en el país. Todo depende de cómo y en qué plazos se cumpla lo anunciado.