El juez federal Guillermo Montenegro pidió ayer información al gobierno de Italia sobre una sociedad investigada por presuntos ilícitos en el cobro de multimillonarios reintegros en la fabricación de generadores de energía eléctrica para la represa de Yacyretá.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El magistrado envió un exhorto internacional para que, por vía del Ministerio de Relaciones Exteriores, se recaben datos relacionados con la integración de la empresa Ansaldo SA. La medida fue tomada para dilucidar una hipótesis de la pesquisa según la cual Ansaldo SA percibía unos $ 17 millones de reembolso por la fabricación de cinco generadores de energía eléctrica.
Ansaldo SA tuvo beneficios porque se presentó como una empresa argentina que fabricó los generadores en el país, pero, según constancias del sumario, la firma es de capitales italianos. Según denunció la Oficina Anticorrupción, el Estado no debió pagar esos reembolsos, cobrados entre 1999 y 2000, porque la beneficiada había incumplido requisitos previstos por ley, referidos a que los bienes y servicios aportados debían ser de origen nacional.
De acuerdo con la causa, las maniobras se perpetraron en octubre de 1998 con reintegros a la firma que proveyó los generadores alimentados por algunas de las 20 turbinas de la central hidroeléctrica, pese a que esos beneficios solamente eran para empresas argentinas.
Según un dictamen pericial, los responsables del EBY hicieron pagar al Estado nacional un reintegro de 17.144.220 de dólares por facturas por casi 70 millones de esa misma moneda que presentó Ansaldo Argentina. Allegados a la investigación indicaron que, inclusive, la empresa había recibido un crédito del gobierno italiano para la fabricación de los generadores y que en la Argentina sólo se había procedido al armado de las máquinas.
El ex administrador del Ente Binacional Yacyretá, José Luis Manzo, está procesado por haber certificado que las piezas se fabricaron en la Argentina, algo que permitió que la situación de la sociedad encuadrara en la Ley 20.852, de Promoción Industrial. Este aspecto de la investigación fue denunciado por el ex administrador del EBY y también ex legislador nacional Rafael Martínez Raymonda. Otra causa por similares presuntas maniobras defraudatorias e incumplimiento de los deberes de funcionario público es tramitada por el juez federal Daniel Rafecas, no sólo por Yacyretá, sino también a raíz de la construcción de la represa Uruguaí, en Misiones.
La Cámara Federal concluyó que, por la mayoría de los delitos investigados -que involucraban entre otros a la firma Impregilo, constructora de Yacyretá- la acción penal está prescripta, pero prosigue la investigación por supuesta existencia de una asociación ilícita.
Dejá tu comentario