Finalmente el gobierno no anunció ayer el acuerdo alcanzado con la empresa Siemens para redefinir el contrato de los DNI. Aun cuando un día antes, el ministro del Interior, Federico Storani, anticipó que el Presidente haría el anuncio ayer, sólo hubo un encuentro protocolar entre el gobierno y la empresa, durante el cual Fernando de la Rúa se comprometió a «acelerar al máximo los trámites» para la firma del decreto que aprueba la renegociación».
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El encuentro se realizó entre el presidente De la Rúa, acompañado por Storani, y Uriel Sharef, encargado de los negocios en Latinoamérica del directorio central de Siemens Alemania, el presidente de la subsidiaria argentina, Herbert Steffen, y el director general, Rodolfo Schmidt. Los representantes empresarios le expresaron a De la Rúa el interés en participar en proyectos de telecomunicaciones, energía y trasporte ferroviario, a la vez que expresaron cierta preocupación por la demora en el proyecto DNI, que fue suspendido por el gobierno actual en diciembre del año pasado.
Se estima que el anuncio oficial del acuerdo no se hizo porque todavía falta que dictaminen sobre el mismo la SIGEN y la Procuración del Tesoro. Hay además otros aspectos no definidos, en particular el precio al público del DNI.
El acuerdo alcanzado entre el Ministerio del Interior y Siemens fija el precio que percibirá la empresa por cada documento entregado: 25 pesos incluyendo IVA y envío a domicilio y 22 pesos sin envío. Pero sobre este valor, el Estado cobraría un adicional por lo cual el precio final para el usuario podría quedar en 27 pesos.
El gobierno fijaría ese «plus» para cubrir el gasto en personal para hacerse cargo de confeccionar los DNI en la planta de Siemens, aunque, según algunas opiniones, la recaudación por el IVA que ahora no se cobra, compensaría desde el punto de vista fiscal la mayor erogación del Estado que exige el proyecto.
Tampoco está definido cuántos DNI gratuitos entregará por año la empresa. Sólo está fijado que serán 3 millones en 12 años, y que la cantidad anual aumentará progresivamente a medida que avance el contrato.
Asimismo, mientras la empresa espera empezar a producir los nuevos DNI apenas se firme el decreto, el interventor en el Registro Nacional de las Personas, Gastón Ortiz Maldonado, considera que recién en marzo podrá transferir personal para poner en marcha el proyecto.
Por último, falta definir el cronograma en que se irán incorporando los registros provinciales al proyecto y las fechas para informatizar los puestos fronterizos.
Esto se hace necesario porque la contratista accedió a bajar el precio del documento y a entregar una cantidad de DNI gratuitos, tres veces más alta que en el contrato original, a cambio de un estiramiento en los plazos de la inversión y la percepción de 3 pesos sobre la tasa de migraciones.
