Preocupa nuevo fallo contra pesificación

Un segundo fallo redolarizador encendió la luz de alarma en el gobierno y puso en aprietos a la Corte Suprema de Justicia. Ese tribunal viene demorando un fallo categórico en defensa de las leyes de emergencia, porque los jueces no se ponen de acuerdo sobre la mecánica que debe aplicarse para restituir el dinero de los ahorristas atrapados por el «corralito» financiero. Para peor, el gobierno perdió a Antonio Boggiano, el principal defensor de la tesis pesificadora y escriba fundamental de los argumentos que legalizaron la salida de la convertibilidad. Ahora, Kirchner comienza a replantearse si no fue apresurada la suspensión del juez supremo, decidida por el Senado con los votos peronistas. Los dos sentencias -una que ordena al banco devolver 140 mil dólares y otra que compensa a una ahorrista con 42 mil dólares- son una rebelión de los jueces inferiores contra el dividido y débil pronunciamiento de la Corte Suprema en el caso Bustos. Le toca al flamante ministro de Justicia, Alberto Iribarne, maniobrar para frenar nuevas sentencias redolarizadoras y conseguir alinear a los jueces supremos díscolos en la política económica del gobierno.

Alberto Iribarne

Le tocará a Alberto Iribarne obtener lo que Horacio Rosatti no pudo: un fallo pesificador que clausure la salida de fondos retenidos por el « corralito» financiero. Difícil tarea para el novel ministro de Justicia. En la Corte Suprema no están dadas las condiciones para un segundo fallo pesificador contundente, sin las fisuras que mostró aquel del caso Bustos. Aquella vez, los cinco jueces que integraron la mayoría tuvieron criterios disímiles a la hora de convalidar las leyes de emergencia económica. Ese fue el caso de Eugenio Zaffaroni. Con su voto a favor de reconocer los depósitos en la moneda de origen hasta 70 mil dólares y por arriba de ese monto a 1,40 más CER, Zaffaroni le generó un enorme problema a un gobierno complicado ahora por la suspensión de Antonio Boggiano. El juez supremo era un férreo defensor de la tesis pesificadora y el principal escriba de la administración kirchnerista sobre este tema en la Corte.

En menos de 24 horas, dos tribunales inferiores se pronunciaron por redolarizar los depósitos pesificados y obligaron al gobierno a replantearse sobre la conveniencia de haber «despedido» a Boggiano antes de tiempo.

• Contradicción

El miércoles, la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo contradijo a la Corte Suprema y le ordenó a un banco devolver a un ahorrista 140 mil dólares. Ayer hizo lo mismo la Sala II, con dictamen mucho más osado: dispuso que una anciana que había retirado un plazo fijo por 600 mil dólares ( pesificado a 1,40 por cada dólar) deberá cobrar más de 42 mil dólares por la diferencia cambiaria entre la moneda extranjera y la nacional.

El fallo, además de ignorar lo que resolvieron los jueces supremos en el caso Bustos, contiene un pronunciamiento de extrema dureza contra las entidades bancarias, a quienes acusó de ser «el único sector que resultó inmune a la crisis».

Según la sentencia de la Sala II -integrada por los jueces Marta Herrera, María Inés Garzón de Conte Grand y Jorge Damarco-, el Banco Nación deberá pagarle a la mujer la suma resultante de la diferencia entre los 596.960 dólares que integraban el depósito y los 835.744 pesos que extrajo, teniendo en cuenta que el plazo fijo había sido pesificado con la equivalencia un dólar igual a 1,40 peso.

En los fundamentos de su voto, la jueza Garzón de Conte Grand sostuvo que el decreto pesificador 214/02 «es formalmente inconstitucional» dado que el Congreso se encontraba sesionando. Para la magistrada, esa norma aniquiló un derecho adquirido al amparo de la Ley de Intangibilidad de los Depósitos. Y en directa crítica a la Corte Suprema, sostuvo que este tipo de consideraciones no fueron analizadas por el máximo tribunal en su fallo pesificador.

Conte Grand evaluó que nunca pudo acreditarse la supuesta «quiebra» en que incurrirían los bancos de haber asumido la devolución de los depósitos en la moneda extranjera, por lo que a su entender la supuesta «dificultad financiera» nunca fue acreditada más que en forma «dogmática».

La camarista entendió que ante una crisis de fuerte magnitud como la padecida a fines de 2001 el esfuerzo debía ser compartido en forma equitativa entre la población. Justamente la aplicación de esta regla es la que inspiró una solución contraria a la resuelta por la Corte.

«Han sido severamente afectados los ingresos de los asalariados, jubilados y pensionados (...). Aquel proceso acentuó la concentración de la riqueza y la desigualdad en la distribución de la renta nacional. Los grandes deudores en dólares fueron beneficiados con la pesificación uno a uno sin que se advierta cuál fue su aporte para solventar la crisis», se quejó Conte Grand.