Economía prepara respuesta a cuestionamientos del Fondo

En el Ministerio de Economía ya se sabe que los hombres del Fondo Monetario Internacional (FMI) pueden plantear en la revisión de metas que comenzará alrededor del 16 de febrero, la necesidad de acelerar la negociación con los acreedores externos y mejorar la propuesta de quita de 75% (en realidad 90%) para la deuda caída en default. Por esto desde el gobierno de Néstor Kirchner en todas sus áreas están desplegándose declaraciones defendiendo la política oficial y amenazando en convertir este capítulo en «una causa nacional». Lo que no saben aún los funcionarios que acompañan a Roberto Lavagna, es qué otros argumentos desplegarán los enviados de Horst Köhler a Buenos Aires. Por eso, en diferentes reuniones de los últimos días, comenzaron a elaborarse informes internos que eventualmente se presentarán a los técnicos del FMI sobre los temas que eventualmente podrían ser planteados por los visitantes. Lo curioso es que entre los rubros que están en análisis, además de los habituales planteos sobre las «reformas estructurales pendientes», se incorporaron otros dos temas hasta ahora fuera de catálogo: la nueva reforma laboral y el plan de pagos para monotributistas y autónomos. Economía descarta que los dos puntos no deberían ser cuestionados.

Sin embargo se sabe que en una suba de los decibeles en las negociaciones, son dos capítulos que históricamente fueron cuestionadas por el Fondo.

En el caso de la reforma laboral, el planteo que se espera es claro. La aprobación de la ley en 2000, que ahora está cuestionada y que sería reemplazada por una legislación absolutamente contraria, está dentro de un acuerdo que el gobierno de Fernando de la Rúa había logrado con el FMI. La Argentina se comprometía en marzo de 2000 a aprobar una ley que flexibilice el mercado de trabajo en el país y que apunte a una relación entre las empresas y los sindicatos más modernos. Veladamente se apuntaba a la caída de la «ultraactividad» y al comienzo de negociaciones de nuevas convenciones colectivas de trabajo. Además se firmó el compromiso para lograr una mayor flexibilidad laboral para reducir el índice de desempleo, lo que redundó en la inclusión de nuevos períodos de prueba de entre 3, 6 y, eventualmente, 12 meses.

• Capítulo cerrado

Luego de la aprobación en el segundo trimestre de 2000 de la reforma laboral, aun con cuestionamientos sobre su legalidad, desde el FMI se dio el capítulo cerrado con la Argentina y nunca más se volvió a discutir con el organismo la legislación del mercado de trabajo. Sin embargo, ahora el gobierno de Néstor Kirchner avanzará en una nueva ley que será enviada en los próximos días al Congreso y que por lo que se sabe apunta en sentido contrario al compromiso que había sumido Fernando de la Rúa. La nueva ley limitaría a 2 o 3 meses el período máximo de prueba (y sólo cuando la actividad lo justifique) y eliminaría el cronograma de negociaciones de los convenios colectivos. Hasta ahora oficialmente desde el FMI no hubo anuncios públicos criticando las intenciones del Ejecutivo. Pero en Economía temen que la llegada de los técnicos del Fondo a Buenos Aires traiga un planteo sobre la marcha del mercado laboral, al considerarse que un capítulo cerrado en las negociaciones pasadas se reabre por incumplimiento de la Argentina. Desde las oficinas de Lavagna se prepara una eventual contraofensiva, que incluye el recuerdo sobre cómo fue aprobada esa ley y los datos sobre la baja del desempleo sin su aplicación en los últimos años. Se rechaza además cualquier posibilidad de incluir oficialmente este capítulo entre las negociaciones.

• Monotributistas

Hay un segundo temor en Economía: que los negociadores del Fondo cuestionen también el plan de pagos para monotributistas y autónomos lanzado por el gobierno en los últimos días y basado en una ley de reforma del régimen de pequeños y medianos contribuyentes. En principio, el FMI no tendría razones legales ni económicas para oponerse al llamado. Según lo que se firmó eventualmente, una «moratoria» sólo podría ser lanzada bajo una ley aprobada en el Congreso, y nunca a través de un simple decreto. El gobierno respetó esta cláusula, pero además aclarando que no se trata de una «moratoria» (que implicaría quitas en el capital adeudado) sino de un «plan de pagos» (quita de intereses y cronograma de cuotas). Además si algo no se le puede reprochar a la gestión Lavagna, es que haya números positivos en la recaudación.