Presupuesto con más impuesto al trabajo

Los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda firmaron anoche el dictamen del presupuesto 2002 e incluyeron algunas sorpresas. Decidieron aumentar los aportes patronales -las empresas deberán incrementar la tasa en 0,9%- llevándolos ahora a casi 17%. Esta decisión combinada con la prohibición de despidos por 180 días hará que ninguna empresa esté dispuesta a contratar personal por un largo tiempo. Los legisladores, además, obligarán al gobierno a enviar un proyecto de ley de saneamiento del sector financiero donde se calcule con exactitud el costo que deberá pagar el Estado por la pesificación de créditos y deudas. Para financiar algunos gastos presupuestarios la comisión decidió, por pedido de la UCR, ampliar el Impuesto a los Bienes Personales. Ahora pasarán a pagar las propiedades a nombre de sociedades radicadas en el exterior en cabeza de quien esté a cargo del bien.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados emitió ayer el dictamen del proyecto de presupuesto nacional para 2002, donde incluyó una suba de aportes patronales para financiar al PAMI y Obras Sociales y un artículo que obliga al gobierno a enviar una ley al Congreso de saneamiento del sistema financiero que incluye cuantificar el monto total del costo de la pesificación para el Estado, tal como lo exige el FMI. En la misma reunión de comisión se aprobó el despacho de una modificación al Impuesto a los Bienes Personales por la que se gravará de ahora en más a las propiedades del país a nombre de sociedades que se encuentren radicadas en el exterior, las que hoy están exentas del tributo. Pero se ratificó que los contribuyentes no pagarán Bienes Personales por sus depósitos que quedaron trabados dentro del «corralito» financiero.

El proyecto definitivo del presupuesto 2002 también incluye la eliminación del artículo 39 que suspendía la promoción industrial, la exclusión de tres artículos sobre reforma del Estado -que serán tratados en una prometida ley aparte-y ratifica la suba de aportes patronales en 0,9 de punto porcentual para financiar el PAMI y las obras sociales, por lo que en la categoría más alta subiría de 16% a casi 17%.

Financiamiento

La ampliación de la base imponible del Impuesto a los Bienes Personales había sido propuesta el año pasado por el radical Carlos Maestro. Y fue presentada ahora nuevamente por el bloque de la UCR como forma de financiar una serie de modificaciones al presupuesto que le propusieron al peronismo como la inclusión de una partida para financiar parte del Fondo Docente y la asistencia a algunos fondos provinciales.

El cambio que se propone para Bienes Personales establece una modificación al concepto de responsable en el impuesto gravando a quien esté a cargo del bien. De esa forma, aunque se encuentre registrado a nombre de una sociedad radicada en el exterior pagará el tributo, siempre que su valuación supere los $ 102.300. Por este concepto se piensa recaudar unos $ 200 millones extra. De todas formas en el proyecto firmado ayer no se especifica el destino que deberán tener esos fondos extra por lo que no existe seguridad de que sean aplicados a las partidas que pidió el radicalismo.

Negociación

Anoche los diputados de Presupuesto y Hacienda seguían negociando los tramos finales del proyecto de presupuesto, a pesar de que el dictamen ya estaba firmado. La discusión se había trabado en el artículo 64, que establece el orden de prioridades de pago para la administración nacional. El problema es que allí se dejó en último lugar a la garantía de coparticipación a las provincias estableciendo que primero se pagarán los gastos en personal y transferencias a entes públicos destinadas al pago de remuneraciones y de becas, luego las prestaciones de carácter previsional, servicios básicos, incluido combustibles destinado a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, alimentos para personas y productos farmacéuticos y medicinales, transferencias para atender emergencias alimentarias, sanitarias, de empleo y desempleo, servicio de la deuda pública, garantía de coparticipación y, al final, el resto de los gastos.

Finalmente el dictamen del proyecto se firmó introduciendo algunas modificaciones:
Se ratifica la suba de aportes patronales en 0,9%. Esto produciría una recaudación extra de $ 300 millones que se destinarán: $ 270 millones al PAMI y $ 30 millones a financiar las obras sociales.

Se obliga al gobierno a enviar al Congreso un proyecto de saneamiento del sistema financiero, con una evaluación del costo de la pesificación de créditos y deudas, tal como exige el FMI. Este artículo complementa otro que dispone una partida de $ 624 millones para el saneamiento de deudas provinciales y de organismos estatales. En esos fondos se incluye el financiamiento del subsidio al Gas Patagónico, a FONAVI y Salto Grande.

Para el PAMI se incluyeron partidas para la financiación de $ 300 millones para deuda financiera y $ 124 millones para proveedores.

Se suprimió el artículo 39 que ponía un freno al sistema de promoción industrial en las provincias beneficiadas.

También se eliminaron los artículos 56, 57 y 58 que daban atribuciones al Ejecutivo para la reforma del Estado. La idea es que esos artículos se incluirán dentro de una ley especial de reforma del Estado.

Quedó pendiente para definir la asignación de financiamiento para el Fondo de Incentivo Docente que podrá provenir de la ampliación del Impuesto a los Bienes Personales.